La realidad se ha transformado en una hidra de siete cabezas para los vecinos fumigados de distintas partes de nuestra provincia. El avance sin límite de la frontera agropecuaria, no hizo otra cosa que acorralar a aquellos que ven con ojos vidriosos, como su calidad de vida se deteriora debido a las fumigaciones.
Lo explícito de esta problemática, choca con intereses furibundos que no piensan ceder un centímetro en esta disputa. Este debate medular ha movilizado a distintos actores que en el día de ayer confluyeron en una audiencia celebrada en el hall de la legislatura provincial, organizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El colectivo Paren de Fumigarnos, que incluye vecinos y abogados, exigió el rápido tratamiento del proyecto que reforma la ley 11.273 estableciendo mayores distancias y zonas de resguardo a la hora de aplicar agrotóxicos, así como también la iniciativa que propone el fomento de la agroecología. Más de 10.000 firmas presentadas, y más de 120 organizaciones sociales de Santa Fe respaldan estos proyectos. Pocas veces en la historia de esta provincia, una petición ante un parlamento ha tenido tanta legitimidad popular.
Distintos proyectos fueron presentados para modificar la ley 11.273, entre ellos aparecen el 33.127 de Carlos Del Frade, el 34.813 de Leandro Busatto, el 33.259 de Rubén Giustiniani que persigue crear un observatorio socioambiental , el diputado Palo Oliver que a través de la 33.384 busca fomentar la producción agroecológica, y por último, la diputada Silvia Simoncini con el proyecto 32.817, pide la regulación de las instalaciones de los establecimientos dedicados a la recepción, clasificación, acopio y conservación de granos.
Distintos expositores esbozaron su posicionamiento en torno a esta discusión
La primera voz que pudo oírse en el hall de la legislatura, fue la de la diputada y presidenta de la Comisión de Salud, Estela Yacuzzi (FPCyS), que abrió con una breve presentación dándole paso a los invitados: “Buscamos hacer una ley que contribuya al fortalecimiento de una producción sustentable de alimentos, cuidando la salud y el medio ambiente de todos los santafesinos”, indicó.
Quién abrió el fuego por el colectivo Paren de Fumigarnos, fue Sergio Chapelet, hijo de Diógenes, vecino de Marcelino Escalada fallecido por estar expuesto a permanentes aspersiones. “No voy a hablar ni como ingeniero agrónomo, ni como médico, sino como vecino que sufre los agrotóxicos, y los voy a llamar así y no fitosanitarios, ya que esto se usa en el agro y es tóxico. Considero que es fundamental modificar la ley 11.273, ya que el argumento de las <buenas prácticas> permite que se fumigue pegado al alambrado que divide un campo de una casa”.
Rosa Mohylnyj es oriunda de San Justo, dueña de una historia muy dolorosa indicó: “Como bien comentaba Sergio Chapelet, hemos nacido, crecido y seguimos viviendo en el campo. Nos une el dolor de haber perdido familiares, en lo particular sufrí el fallecimiento de mi marido en febrero de 2016 debido a un cáncer fulminante de hígado que se lo llevó en 15 días. Pero allí no termina todo, a los 5 meses y 20 días perdí a un hijo de 29 años que trabajaba en la agricultura en solo una semana. Nos invade la misma problemática, el de las fumigaciones descontroladas, el campo ya no es el mismo, se atenta contra la vida en todo su esplendor”.
Quién también expuso y brindó su posicionamiento al respecto fue Facundo Viola, vecino de Arroyo Leyes, “nosotros somos parte del colectivo Paren de Fumigarnos, un espacio multisectorial que se está manifestando aquí en la explanada. Nuestra población es fumigada sin control alguno hace más de 20 años, no se respeta ninguna medida de seguridad. Soy papá de una hija discapacitada, mi vecino falleció de leucemia a los 42 años, a otro le colapsaron sus riñones, basta con recorrer la zona para poder contemplar los innumerables casos de cáncer, ya que como marcan estudios médicos, por estar viviendo en el cordón frutihortícola, tenemos la doble posibilidad de contraer esta letal enfermedad. No creemos en las buenas prácticas, solo luchamos para ponerle freno a este modelo que nos envenena, el debate no debe ser sobre rentabilidad, éste debe tener su anclaje en la salud”.
La Asociación Civil Capibara tuvo su representante en la figura del abogado Rafael Colombo, integrante de la misma que relató: “nosotros planteamos que el sistema fáctico en relación a la práctica de aplicación de fumigaciones en el país, y en la provincia de Santa Fe, es absolutamente incompatible con nuestro marco jurídico con raigambre constitucional y convencional. En primer lugar, es incompatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, puntualmente en todo lo referido a la exhortación que se hace a las 3 autoridades de los poderes del Estado, a legislar en favor del ambiente, y fundamentalmente a legislar en la protección de la diversidad biológica. Es decir, que la Constitución expresa la protección que debe tener la salud de las personas, como la protección que se le debe brindar al ambiente y a los derechos de la naturaleza, que también están afectados por este drama. Un punto importante que se debe tener muy en cuenta, es el principio preventivo, que es claro cuando sostiene que todas las prácticas ambientales deben establecer una prevención de los daños que puedan ocurrir, o de los impactos ambientales que se puedan provocar, fundamentalmente en el ambiente como en la salud de las personas”.
Jeremías Chauque es agricultor, pertenece a una organización campesina que agrupa a 40 familias y a una red de agricultura ancestral con más de 15 pueblos organizados. Sobre la audiencia celebrada en la legislatura fue contundente: “Pensé que me invitaban a una charla sobre agricultura, pero me encontré en un debate sobre agrotóxicos. Yo los invito que de una buena vez por todas hablemos de agricultura, cultura en el campo, soberanía y derechos. Se terminó, acá estamos los hijos de campesinos que no necesitaron de ustedes ni de sus venenos, acá nos vienen a decir que los agrotóxicos son peligrosos cuando mis hijos, mi familia y mis compañeros viven en el campo. Se terminó, acá están los pueblos que van a poner las cosas en su lugar, nosotros desde nuestros patios, en no más de una hectárea, producimos alimentos para más de 200 familias de esta ciudad. Tenemos que construir soberanía, memoria, cultura, identidad y respeto, necesitamos una discusión seria, necesitamos dejarles un suelo soberano a nuestros hijos”.
Cabe destacar que el conjunto de ingenieros agrónomos hizo referencia en su gran mayoría a las buenas prácticas y a los controles que deben provenir del Estado. Algo que cayó muy mal entre los presentes, ya que los vecinos que vienen siendo fumigados de manera sistemática sostienen que la bondad en estas prácticas no existe.
Quién cerró una exposición que se extendió por espacio de casi dos horas, fue la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Estela Yacuzzi, “tenemos que buscar la mejor manera de llevar adelante buenas prácticas, para mí es una enorme responsabilidad que este proyecto haya ingresado aquí, pero de dar un dictamen deberá pasar por ambiente y agricultura. Tenemos que seguir debatiendo junto a los otros diputados sobre el observatorio socioambiental y de fitosanitarios, sin dudas el más espinoso”.
