Este lunes, el Tribunal Oral Federal Nº2 dará a conocer si continúa con el juicio en el que son juzgados Cristina Fernández y Julio de Vido entre otros. La ex presidente no estará presenta ya que obtuvo permiso para viajar a Cuba a visitar a su hija que se encuentra en un tratamiento médico.
Los magistrados deben resolver sobre 51 planteos, realizados por las defensas, de suspensión del debate y nulidades, y que fueron rechazados por el fiscal de juicio, Diego Luciani, y las querellantes Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera.
La audiencia de este lunes se destinará íntegramente a la lectura de la resolución. En caso de desestimar los planteos, el juicio seguirá el lunes siguiente con el inicio de las declaraciones indagatorias, para lo cual el Tribunal tendrá que establecer un cronograma.
En caso de desestimar los planteos, el juicio seguirá el lunes siguiente con el inicio de las declaraciones indagatorias, para lo cual el Tribunal tendrá que establecer un cronograma.
Entre los planteos de la defensa de la ex presidenta se cuenta uno contra una pericia ordenada sobre un conjunto de estas obras que aún no está concluída, y será recibida por el Tribunal en septiembre.
Además, uno de los peritos intervinientes fue recusado y se pidió su apartamiento, tema actualmente a estudio de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández, sostuvo que hay una «persecución política hasta límites absurdos» e hizo cinco planteos a raíz de los cuales consideró que «el juicio no puede avanzar». Y apuntó que se trata de una sola imputación que «se ha multiplicado en una pléyade de causas».
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso juzgan desde el 21 de mayo pasado a la senadora nacional, a los detenidos De Vido, ex secretario de Obra Pública José López, al primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y al empresario Lázaro Báez.También son juzgados Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.
Todos están procesados por presunta asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80 por ciento del dinero destinado a la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.
