El abogado constitucionalista y profesor universitario Eduardo Barcesat denunció hoy penalmente al presidente Mauricio Macri por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció la emergencia nacional en seguridad y pedirá en el Congreso el inicio del proceso de juicio político en su contra.
La presentación patrocinada también por los abogados Jorge Cholvis y Graziana Peñafort recayó en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo y alcanza, además, a la vicepresidenta Gabriela Michetti; al jefe del Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Defensa, Julio Martínez; el de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; del Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Barcesat los acusó por supuesta «violación de los deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad», reclamó al magistrado que se los convoque a prestar declaración indagatoria y adelantó que realizará más presentaciones judiciales por los otros decretos que firmó el mandatario.
El patrocinante de Madres de Plaza de Mayo denunció que el decreto publicado el 22 de enero pasado con las nuevas reglas de protección aeroespacial, que autoriza el derribo de aviones, «introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario».
«Ello, en clara violación del texto constitucional y de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y de la Convención Americana de Derechos Humanos», subrayó.
Remarcó al respecto en su presentación que el Poder Ejecutivo no puede «en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo», al tiempo que añadió que «no puede dubitarse que se trata de materia penal», expresamente prohibido por la Constitución Nacional.
«Se trata, como en toda la catarata de DNU emitidos desde el inicio del actual Gobierno Nacional, de sortear la intervención del Poder Legislativo, estableciendo un mecanismo autoritario y una política de hechos consumados para cuando se inicie el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación», apuntó la presentación.
Puntualmente, el abogado consideró que los funcionarios ejercieron «un mecanismo autoritario», ya que «nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias, para tratar un proyecto de ley».
La denuncia recogió el artículo 29 de la Constitución que establece: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna».
Y agrega que «actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria».
«Hemos empezado por el que consideramos el de mayor violación constitucional, pero es una tarea que vamos a seguir con todos los DNU que han transgredido el método que establece la Constitución Nacional. Hoy fuimos al Poder Judicial y vamos a llevarlo ahora al Congreso de la Nación para el inicio de proceso de juicio político», señaló Barcesat en declaraciones radiales.
