MIéRCOLES, 14 DE OCT.

Denunciaron penalmente a Milei y a Caputo por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La normativa que se está incumpliendo actualizaría los salarios y fondos del sector en la misma proporción de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

 

El dirigente del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó este miércoles una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

«Presenté una denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía por desobediencia y abuso de autoridad», expresó el referente del Frente de Izquierda en su cuenta de X.

La denuncia se debe al presunto incumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que actualiza los salarios y fondos del sector en la misma proporción de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

En ese sentido, Solano apuntó que «la Justicia ordenó aplicar la ley y recomponer los salarios, pero este Gobierno autocrático desconoce las resoluciones judiciales para ahogar a las universidades». «¡La universidad pública no se toca!», acentuó.

Fragmento de la denuncia presentada por Solano.

Fragmento de la denuncia presentada por Solano.

En el documento judicial de Solano reconstruye que el Poder Ejecutivo vetó la ley, el Congreso la impuso con mayoría calificada, y luego el Gobierno eludió su aplicación cuando, al promulgarla, la suspendió en el mismo acto mediante el Decreto 759/2025 «hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere”.

En ese marco, el pasado 6 de octubre el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición de dicho decreto que condicionaba la ejecución de la norma y ordenó su cumplimiento inmediato. Entre otros puntos, argumentó que la ley sí especifica de dónde sacar los recursos para aplicar la normativa y aseguró que la posición del Gobierno «no supera un test mínimo de razonabilidad».

En ese sentido, la denuncia solicita investigar a Milei, a Caputo y a cualquier otro funcionario público que pudiera haber intervenido en el presunto incumplimiento de la medida cautelar.

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