La provincia transita este 29 de abril el Día de la Memoria del Pueblo Inundado, una jornada instaurada en 2020 para mantener presente el recuerdo de la inundación del 2003 en la ciudad de Santa Fe, las responsabilidades estatales en torno a ella y las consecuencias que aun perduran sobre las víctimas.
La ley establece como feriado administrativo al 29 de abril de cada año en la localidad de Santa Fe, en conmemoración del Día del Pueblo Inundado, y fija que el Ministerio de Educación debe incluir esta fecha dentro del calendario escolar de los distintos niveles del sistema educativo provincial con el objetivo de promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la construcción de memoria sobre los hechos ocurridos en 2003 en la capital de la provincia.
El acto central a 20 años de aquella jornada se llevará a cabo este sábado, a las 17, en la Plaza 25 de Mayo de Santa Fe, donde habrá un micrófono abierto para recordar a las víctimas del crimen hídrico y reflexionar sobre lo sucedido.
Los fundamentos del proyecto aprobado por la Legislatura santafesina son claros. Las inundaciones en la capital provincial ocurrieron durante el gobierno de Carlos Reutemann, cuando el agua del río Salado ingresó a la ciudad producto de obras estatales inconclusas. Todos los barrios del oeste de Santa Fe quedaron sumergidos, situación que expulsó a familias enteras de sus casas.
«La inundación de Santa Fe fue una catástrofe evitable producto de la irrupción violenta del Salado, que cubrió un tercio de la geografía de la ciudad, con múltiples causas y consecuencias ambientales, sociales, políticas e identitarias», acentuaron los fundamentos.
Las respuestas estatales fueron tardías e insuficientes, dejando el saldo de 130 mil evacuados, 23 muertes reconocidas oficialmente y múltiples secuelas en la salud física y psíquica de una innumerable cantidad de personas.
La diputada provincial Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura), impulsora de la iniciativa en la Legislatura, recordó en sus consideraciones que el Centro de Estudios Sociales (CELS) ubicó en uno de sus informes a la inundación del 2003 junto a las tres tragedias sociales y políticas más grandes del país: la dictadura militar, el atentado a la Amia y la Guerra de Malvinas.
En todo momento, los fundamentos del proyecto que finalmente fue aprobado resalta que se trató de una catástrofe social y política evitable y destaca que la jornada también apunta a recuperar una historia de lucha, organización, solidaridad y trabajo por sostener la memoria de múltiples organizaciones y colectivos a través de la difusión de la palabra misma de los afectados.
«La inundación de Santa Fe no es solo un problema de los afectados y afectadas, es una interpelación a la ciudadanía en su conjunto, que no debe olvidar que la impunidad es un ataque directo a la dignidad humana, al principio de igualdad ante la ley, a los derechos sociales que forman parte del patrimonio público y a la ética de las instituciones que representan la voluntad del pueblo», asentaron en el texto legislativo.
«Recuperar así el 29 de abril -agregó- no es solo atender a fortalecer la memoria de un pasado reciente, es también una posibilidad de comprender y comprendernos como sujetos de una historia que no sucedió ‘a otros’, sino que nos involucra y nos implica a todos y todas».
En 2020, la iniciativa fue impulsada legislativamente por la diputada Pacchiotti pero el proyecto llegó a ella por medio de La Poderosa, una organización con construcción en diferentes ciudades del país y anclaje en barrio Chalet de la localidad de Santa Fe.
Día de la Memoria del Pueblo Inundado by Conclusión TV on Scribd
Amenaza de impunidad
En los últimos días ingresó a la Legislatura un proyecto que busca convocar la atención sobre un hecho que podría profundizar la impunidad que recubre todo lo sucedido en torno a las inundaciones de 2003.
El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Social y Popular) -compañero de bloque de Pacchiotti- presentó un texto que advierte la posible prescripción de la causa por la inundación de la ciudad de Santa Fe, cabecera del departamento La Capital.
El proyecto quiere que el cuerpo legislativo «inste a profundizar las investigaciones y generar la respuesta judicial que reclama el dolor todavía vivo de más de 150 familias que perdieron sus seres queridos, como también la necesidad de establecer responsabilidades políticas sobre los hechos que generaron el desborde del río Salado».
«El Poder Judicial tiene la obligación de construir reparaciones conceptuales con sus fallos y no cerrar causas de semejante hondura existencial y social», resaltó Del Frade en la iniciativa, que debe ser aprobada por el resto de los legisladores.
Según recuerda el diputado provincial y periodista, la causa se inició a raíz de varias denuncias realizadas por un conjunto de damnificados. Luego de varias dilaciones, el expediente fue elevado a juicio, pero la complejidad de la investigación, el trabajo de las defensas estirando los plazos y las presiones de la política llevaron a que recién a principios de 2019 el juez de sentencia Octavio Silva condenara a dos de los tres imputados en la causa por el delito de «estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas».
El fallo dictaba una sentencia de tres años de prisión condicional para el ex Ministro de Obras Públicas de Carlos Reutemann, Edgardo Berli, y del ex Director de Obras Hidráulicas de la provincia, Ricardo Fratti. El tercer acusado en el expediente, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Marcelo Álvarez, falleció en abril de 2018 y por lo tanto se extinguió la acción penal. Berli también falleció, pero en 2021, tras contraer coronavirus.
Tal publicó el periodista Gustavo Schnidrig el año pasado en SantafePlus, en una parte de la sentencia se señaló que «si previo al día 27, día en el que comenzó a ingresar el agua, los funcionarios provinciales hubieran realizado tareas de defensa en la zona de Gorostiaga, el resultado hubiera sido distinto».
Vale destacar que el expediente arribó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe luego de un recurso de queja presentado por los abogados de los imputados tras la decisión de la Cámara de refrendar la sentencia del juez Silva en primera instancia.
Así lo reveló el periodista Héctor Galiano, director del portal Zona Crítica, en un artículo que encendió las alarmas al señalar que podría quedar anulada la condena en primera instancia al exfuncionario provincial de la gestión de Carlos Reutemann.
Tres años antes, en una audiencia de apelación, el abogado de Berli, Néstor Oroño, había adelantado que iban a insistir en el planteo de la prescripción de la acción penal y en la nulidad de la pericia hidráulica, pero el letrado no alcanzó a presentar la queja ante la Corte porque su cliente murió por Covid en mayo de 2021. Igualmente, Fratti sí presentó el recurso al máximo tribunal, que el 21 de diciembre de ese año definió admitir la queja. Ahora la decisión está en manos del máximo tribunal santafesino.
