La Cámara de Diputados tratará hoy en sesión extraordinaria el proyecto de ley que declara la Emergencia Social y se espera un amplio respaldo, ya que el dictamen de mayoría fue consensuado entre prácticamente todos los bloques.

La iniciativa será el primer proyecto que se pondrá a consideración del plenario de la Cámara durante la sesión, que luego seguirá con el tratamiento del proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias.

«Tenemos dictamen de mayoría. Creemos que va a salir sin problemas», adelantó, confiada, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda.

El dictamen de mayoría fue firmado en la comisión de Presupuesto y Hacienda por casi todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, que firmó despacho de minoría, y el Frente para la Victoria (FPV), que sin embargo adelantó que acompañará la iniciativa en el recinto.

La Cámara alta ya había aprobado un proyecto del senador Juan Manuel Abal Medina que planteaba metas más ambiciosas que el Gobierno no estaba dispuesto a aceptar, como la creación de un millón de puestos de trabajo vinculados a la obra pública, de modo que se consensuó un proyecto distinto, más moderado, que mantiene varias de las reivindicaciones de aquel.

El proyecto consta de doce artículos, entre los cuales se destaca la institucionalización de la actividad de los trabajadores informales, que conforman un tercio de la población económicamente activa del país, al estipular la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social y del «Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)».

«La principal contribución de la ley es que pone en discusión la modificación del mundo del trabajo, en un mundo donde el mercado laboral cambió. Seguir hablando de trabajadores, de registrados y de desocupados únicamente es un problema. Con esta normativa se crean una serie de instituciones que receptan esas preocupaciones. Hoy no hay desocupados, hay trabajadores de una economía precarizada», destacó Donda a esta agencia.

El Salario Social Complementario, equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil (4.000 pesos), será fijado por el Consejo de la Economía Popular, que contará con seis integrantes: uno en representación del Ministerio de Trabajo, otro por el Ministerio de Desarrollo Social, otro por el Ministerio de Hacienda, y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el mencionado Registro.

La propuesta se basa en la reasignación de partidas por 25 mil millones de pesos en los próximos tres años para financiar la emergencia social, con la opción de reforzar con 5.000 millones adicionales en caso de que al 31 de diciembre del 2018 ya haya sido agotada la ejecución de esa cantidad de recursos.