El director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, subrayó hoy que la Argentina cuenta con «una documentación más que sólida» para respaldar su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, entre la que se destaca un pedido de autorización realizado por una embarcación inglesa para poder anclar en el archipiélago para cazar lobos marinos en 1813.

«Desde el punto de vista del derecho internacional y de la documentación, hace muchos años que sabemos que la Argentina tiene una documentación más que sólida», remarcó el funcionario nacional.

En una entrevista, el integrante del Ministerio del Interior consideró que la dificultad para ejercer la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur se debe a que «lamentablemente, se está pagando el error de haber ido a la Guerra» en 1982 por orden del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

Consultado respecto a la documentación histórica con la que el Estado argentino respalda su reclamo, Perina recordó que gran parte de esos archivos fueron recopilados tras la finalización del conflicto bélico por el entonces director del Archivo General de la Nación, César García Belsunce.

«En estas históricas circunstancias el AGN consideró oportuno mostrar a la ciudadanía algunos de los documentos más significativos en él depositados referentes a la historia de las Islas Malvinas o, más precisamente, a la historia del real y efectivo ejercicio de la soberanía, española primero y luego argentina, sobre el archipiélago hasta la agresión británica del 2 de enero de 1833», explicó García Belsunce en la recopilación que fue distribuida en colegios y escuelas de todo el país una vez concluida la Guerra.

Luego de aquella iniciativa, el Archivo General de la Nación continuó ampliando la cantidad de documentos que respaldan el reclamo argentino.

Hace un mes, el Gobierno aceptó formalmente una donación de un coleccionista privado: se trata de tres cartas intercambiadas en febrero de 1767 entre el entonces gobernador bonaerense, Francisco Bucarelli y Ursúa, y el primer gobernante de las Islas Malvinas, Felipe Ruiz Puente, en las que se brindan detalles del envío de ocho prisioneros «a ración y sin sueldo» como mano de obra para la flamante Gobernación de las Malvinas, que había sido creada cuatro meses antes por orden del rey Carlos III.

Perina remarcó que el documento «refuerza los derechos» argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

«A mi juicio, el más importante es la carta de un capitán de una fragata inglesa que le pide al Puerto de Buenos Aires autorización para ir a Malvinas. Eso es bien claro derecho de soberanía», destacó el director del AGN en diálogo con esta agencia.

El archivo al que hace referencia el funcionario nacional es un permiso solicitado por el capitán Henry Jones, del bergantín inglés «El Rastrero», el 30 de enero de 1813: el objetivo de la embarcación era cazar lobos marinos tanto en el archipiélago del Atlántico Sur como en las costas patagónicas.

Asimismo, el AGN cuenta una «copia de época del `recibo´ donde Louis-Antoine de Bougainville detalla el modo en que ha sido indemnizado por España», ya que el Reino ibérico le pagó 603.000 libras por las islas, y también con la «real cédula por la cual se ordena a Felipe Ruiz Puente su viaje a las Islas Malvinas para recibirlas e iniciar su función de gobernador», que data del 4 de octubre de 1766.