Disputa edilicia: el MPA y Servicio de la Defensa amenazan con “acciones legales” a la Corte
La pelea por el nuevo edificio judicial, que se inaugurará el 30 de junio, escaló con una nueva acordada del máximo tribunal, que ofrece espacios en el anexo del Palacio de Justicia y en un inmueble del fuero laboral. Vranicich y Moreno Robinson respondieron con un comunicado.
La disputa por el nuevo edificio destinado a uso judicial en la capital provincial, que quedará inaugurado a fines de este mes, tuvo un nuevo capítulo luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificara en una acordad firmada este martes lo resuelto en febrero: que el nuevo inmueble quedará para uso del Poder Judicial, de modo de unificar en un solo espacio a todos los magistrados. Ante eso, las titulares del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa, advirtieron que hacen la reservas para continuar la controversia por vía judicial.
En su acordada, los ministros de la Corte dispusieron que el nuevo edificio será para uso judicial y resolvió, además, poner a disposición del Ministerio Público los espacios físicos existentes en el sexto piso del Edificio “Anexo Palacio de Justicia”, de avenida Gral. López 2761, y el edificio completo del Poder Judicial ubicado en Peatonal San Martín 2651, hoy ocupado por el fuero laboral.
A María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, cabezas del MPA y MPD, no les cayó bien la ratificación de la acordada de febrero pasado, en el mismo sentido. “Reiteramos y reafirmamos que la Constitución de la Provincia de Santa Fe debe ser respetada y cumplida, especial mente por quienes nos desempeñamos como funcionarias y funcionarios públicos del Servicio de Justicia”, dijeron este miércoles en un comunicado conjunto.
Agregaron que “lo dispuesto en día de ayer por la Acordada Nro. 23, punto único, en consonancia con la anterior Acordada N ro. 4, punto 1 6. del 24 de febrero pasado, no respeta el marco legal aplicable, ni lo dispuesto por la cláusula décimo sexta de las disposiciones transitorias de la Constitución reformada”.
En esa línea, recordaron que dicha cláusula establece que “el uso asignado y el destino de los inmuebles, espacios, oficinas, los bienes inmuebles y demás equipamiento que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución estén afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa no podrán ser modificados sin la conformidad del Ministerio Público”.
El comunicado también precisa que “en el año 2021, los espacios del edificio fueron formalmente destinados y afectados por la Secretaría de Gobierno de la Corte a ambas instituciones: primer piso al Ministerio de la Defensa (1.030 metros cuadrados) y cuarto y quinto piso y parte del subsuelo al Ministerio Público de la Acusación (2.582 metros cuadrados)”.
Y agrega, en contraposición a la acordada de la Corte, que “nunca se solicitó conformidad a nuestras instituciones para modificar el destino ya asignado, tal como lo exige la norma citada”.
En medio de la disputa, las dos funcionarias advirtieron que “como órganos autónomos e independientes, continuaremos exigiendo el cumplimiento de la ley y de los mandatos constitucionales”, y no descartaron judicializar el pleito: “Para lo cual -dice el comunicado conjunto- hacemos reserva de continuar con las acciones legales pertinentes, bajo las responsabilidades funcionales que correspondan”.
“No obstante ello, estamos siempre predispuestas al diálogo, tal como lo manifestamos en la nota conjunta presentada el 1° de abril pasado ante la Corte Suprema de Justicia, la cual aún no ha recibido ninguna respuesta por parte de la misma”, finalizaron Vranicich y Moreno Robinson.