La prensa brasileña divulgó ayer unos correos electrónicos que involucran a la constructora Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, en el supuesto cobro de coimas por parte de Odebrecht para la reactivación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Según publicó el periódico El Estado de San Pablo, el exgerente y hoy CEO de Iecsa S.A., Héctor Javier Sánchez Caballero habría sido el «contacto» para tramitar el pago de sobornos en 2010.
La información surge de un suculento dossier de más de 100 páginas elaborado por la policía a pedido del Ministerio Público Fiscal brasileño, en el marco de la investigación por el denominado «Lava Jato». Ese documento contiene decenas de mails y mensajes privados entre ex directivos de Odebrecht, empresarios de la construcción y funcionarios. En algunos casos se hablan con seudónimos o mencionan a otras personas con sobrenombres.
«Odebrecht e empresa de primo de Macri pagaram propina na Argentina»: así de claro es el título de la nota que publicó el portal brasileño Estadão, a partir de una investigación que incluyó el relevamiento de mails entre ejecutivos de ambas empresas en torno al pago de coimas.
Según el sitio paulista, si bien Odebrecht no reconoce pagos directos a Mauricio Macri, sí detalla los negocios con IECSA, encabezada por Angelo Calcaterra, primo del actual presidente y sindicado como testaferro tras conocerse las extrañas condiciones en que le «compró» la empresa.
El ingeniero de IECSA quedó envuelto en el escándalo por anotaciones registradas en la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, histórico ejecutivo de Odebrecht en la Argentina. Esa máquina fue secuestrada y analizada por la policía brasileña, que detectó escritos relacionados con el pago de coimas. Cinco de esos mensajes se relacionan con el soterramiento del Sarmiento.
Uno detalla el resultado de una reunión realizada en Buenos Aires con directivos de la constructora y lleva por asunto «Reunión Sarmiento 29/04/10». En ese mensaje se especifica un presunto plan para reactivar las obras en el Sarmiento.
El mensaje que más compromete a la firma Calcaterra señala a Sánchez Caballero como «DGI-Contacto Directo» y fue enviado por Couri Ribeiro el 9 de junio de 2010 a las 16:33. «Asunto: Reuniao com Sánchez Caballero – 10/06» se titula. El breve texto también da cuenta de una serie de pasos a seguir en pos de reactivar las obras ferroviarias.
Respecto del mail que menciona a Sánchez Caballero sostiene que es un mensaje a «pagos ilícitos (DGI) relacionados con obras y / o aditivos específicos».
En el mail que se cita a Lourenço Ghella, de la empresa italiana Ghella, integrante de la UTE que se adjudicó la obra del Sarmiento junto con Odebrecht, Iecsa y Comsa, se totalizarían supuestos pagos por U$S20 millones. Cuando estalló el escándalo del «Lava Jato» trascendió que Odebrecht había pagado sobornos por U$S35 millones la Argentina.
Pedido de informes
Una horas antes de que surja esta información, el fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó que mediante exhorto Brasil informe si Odebrecht cometió delitos en connivencia con funcionarios argentinos y empresas como IECSA.
El pedido es para que Brasil informe si en la causa por «Lava Jato», el mayor caso de corrupción en la historia de ese país, consta información sobre las obras adjudicadas para el soterramiento de esa línea de ferrocarril. La denuncia se originó por las declaraciones de la ex presidenta Cristina Kirchner, en oportunidad de hablar de su relación con el grupo de la familia Báez.
Ante el juez Julián Ercolini, quien justamente la indagó por presunto fraude con la obra pública, y al intentar rebatir políticamente sus vínculos con Báez, Cristina había dicho que hubo irregularidades por parte del Gobierno de Macri en el financiamiento del soterramiento del tren Sarmiento con $ 45.000 millones, puesto que el mismo le correspondía asumir a la empresa IECSA, del cual es accionista Calcaterra.
Según se investiga, el 16 de junio de 2016 y por el decreto de necesidad y urgencia 797/2016 se modificó el presupuesto y se autorizó la contratación de obras y adquisición de bienes para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que había sido adjudicado ya en 2008 al consorcio Iecsa S.A, a la constructora Norberto Odebrecht; Comsa S.A y Ghella Societa Per Azzionipor.
La denuncia hecha por la ex mandataria es porque el financiamiento iba a provenir desde el exterior y, finalmente, en 2016 se resolvió que el Estado Nacional lo financiara. La sospecha va desde supuestos cohechos, defraudación en perjuicio a la administración pública y hasta posibles incumplimientos con los deberes de funcionario público.
Ahora, el juez federal Sebastián Ramos debe resolver el pedido hecho a fines de esta semana por Pollicita para que el Juzgado de la 13° Nominación Federal de la Circunscripción Curitiva, en Brasil, señale si en el informe elaborado por la Policía Federal de Paraná en la causa «Lava Jato» hay información sobre posibles delitos cometidos en el soterramiento del Sarmiento.
