Por Esteban Guida*
Hace unos días, desde el Ministerio de Hacienda se exhibieron los primeros resultados fiscales del año. Allí se resaltó la “buena” noticia de que en enero se logró obtener un superávit fiscal, hecho replicado en el mundo mediático cercano al gobierno. Sin embargo, esta es una verdad a medias que oculta un hecho gravoso y exhibe la situación política y económica en la que se encuentra la Argentina de hoy.
Empezando por los números, vale decir que en enero de 2019 se registró un superávit fiscal primario de $16.658 millones, hecho festejado en vistas del cumplimiento de las metas impuestas como parte del programa con el FMI. Sin embargo, cuando se habla de resultado fiscal o resultado primario, sólo se hace referencia a la diferencia entre los ingresos tributarios y los gastos de la administración central sin tener en cuenta el costo que implican los compromisos de pago que derivan del endeudamiento público. Este es un dato no menor, en vista de que en los últimos años, los déficits ocasionados por el desmanejo económico del gobierno fueron financiados con una fenomenal emisión de deuda pública autorizada por el presidente Macri y orquestada por sus cracks de las corporaciones financieras mundiales, devenidos en funcionarios públicos.
Particularmente, en el primer mes del año, los ingresos del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) totalizaron en $281.653 millones, mientras que los gastos registraron un monto de $264.995 millones. Este resultado (el primario) se explica porque los ingresos crecieron a un mayor ritmo que los gastos, aunque desde luego a menor ritmo que la inflación.
Sin embargo, el punto a destacar es que el verdadero resultado fiscal (el total) resultó peligrosamente deficitario, tanto por el monto, como por su especie. Específicamente, en enero de 2019, se desembolsaron $76.696 millones para cancelar compromisos surgidos del endeudamiento público, un 157% por encima de los $29.818 millones registrados en igual mes de 2018. Así, el resultado financiero de enero pasado, arrojó un saldo negativo de 60.038 millones, 131% mayor que lo registrado hace un año atrás.
Esta cifra aporta un dato que los encargados de la política económica del país pasan deliberadamente por alto, puesto que refleja la verdadera decisión política sobre la aplicación del gasto y los recursos públicos.
Cabe recordar que si bien la diferencia entre ingresos y gastos del Estado del año pasado registró un déficit primario de 338.987 millones de pesos y se “logró” sobrecumplir la meta anual del 2,6% del Producto Interno Bruto al obtener un 2,4%, el rojo financiero ascendió a $388.940 millones. Esta cifra implicó un aumento del 73% con respecto a los intereses de deuda pagados en 2017 y generó un déficit financiero de $727.927 millones (5,2% del PIB). Aunque algunos festejen este resultado, los datos dejan en manifiesto el recrudecimiento de la situación deudora del país y la realidad respecto a quiénes se están llevando el fruto del esfuerzo de todos los argentinos.
Desde el Estado Nacional se adoptó la idea de que el déficit fiscal es el máximo problema del país, y que por tal motivo se justifica aplicar aceleradamente un arduo ajuste en los gastos para así lograr el equilibro fiscal. El debate sería más productivo si en vez de centrarse en lo verdadero o falso de esta premisa, se dirigiera a dirimir a costa de qué se obtiene y para qué se utilizan los recursos ahorrados, aspectos básicos que cualquier persona o familia se decide a determinar antes de iniciar el camino de la austeridad. ¿Qué pasas que los funcionarios, los medios y muchos argentinos están salteando la partes más importantes y decisivas de las decisiones del gobierno?
Es inevitable darse cuenta que el gobierno de Macri ya ha decidido “quién pone y quién lleva”, dando como verdad única y único camión posible que el ajuste se centre en los gastos sociales (educación, salud, ciencia y tecnología), en los subsidios económicos (de los servicios públicos, transporte) y en menor medida la obra pública.
¿Alguien puede pensar que este cambio es justo, equitativo y garantiza la paz social? En el 2019 los argentinos contarán con las urnas como medio, imperfecto pero real, para dar una respuesta sobre esto.
