Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, que preside el legislador Pablo Toneli, inició este miércoles el debate con funcionarios judiciales y especialistas para avanzar con la reforma de la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Las opiniones fueron en distintos sentidos, dado que la iniciativa de reforma del gobierno nacional llego precedida por acuerdo entre el titular del ministerio de Justicia, Germán Garavano, el presidente del Colegio de Abogados de Caba, Guillerno Lipera y el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo.

La iniciativa gubernamental propone que el órgano responsable de la selección y remoción de magistrados que tiene hasta el presente 13 miembros, ascienda a 16. La representación en ese organismo esta dada por un representante del Ejecutivo nacional, 3 senadores, 3 jueces del Poder Judicial, un académico y dos abogados con matrícula Federal. La reforma, del oficialismo suma un nuevo representante del Poder Judicial y 2 abogados.

Las posturas sintetizaron la intencionalidad de garantizar un Consejo democrático, republicano, plural y constitucionalmente válido».

Más allá de los tecnicismos, el diputado nacional Rodolfo Tailhade, señaló a Conclusión que «la política es la que tiene que prevalecer» en la representación del Consejo de la Magistratura, porque «se trata de dos abogados y un juez que representan a muy poca gente».

Para el legislador, «el Poder Judicial debe ser controlado por la ciudadanía, porque tiene que conocer en que y como se gasta, como se genera ascensos», y además agregó que se habla «de un presupuesto de 50 mil millones pesos».

Quien se mostró en sintonía con el legislador fue el vicepresidente de la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados), Hernán Colli, quien advirtió que el proyecto del oficialismo no tiene en cuenta que “Históricamente, en todas las conformaciones del Consejo, el estamento político tuvo una preponderancia sobre los otros estamentos” y además expuso que la falencia reside en que “no cumple con paridad de los tres estamentos, el político, el de los jueces y el de los abogados”, según lo ordena la reforma constitucional de 1994.

En diálogo con Conclusión, el diputado Tailhade, adelantó su postura en relación «a la sensibilidad social que deben animar a los magistrados» y la falta de «proporcionalidad de la representación popular». Mira el video.