Los prontos aumentos a aplicarse en las tarifas de electricidad despiertan cada vez más cuestionamientos entre los ciudadanos y el contundente rechazo de las cooperativas que prestan el servicio en el interior del país.
Es que a partir de febrero comenzará a correr la suba y hay aspectos complicados que crean dudas sobre el verdadero impacto en las facturas finales de los usuarios. Esto es así porque según la resolución 366 ya publicada en el Boletín Oficial el precio mayorista de la energía que se paga en todo el país, tendrá un alza del 26% en febrero, del 5% adicional en mayo y de otro 5% en agosto, lo que acumula una suba del 39% con relación al valor actual.
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Sin embargo, hasta el momento, fuentes oficiales estimaron que el precio mayorista equivale a una tercera parte de la factura final con impuestos, indicando que el 55% de la boleta de un usuario residencial corresponde al precio de la energía.
En ese caso, si se toma ese dato como cierto, el 55% de la factura tendría a agosto próximo un alza del 39% como establece la resolución 366, lo que arrojaría un aumento del 21,4% en la factura final y no del 55% como anticipó Javier Iguacel para un residencial del AMBA.
Según dijo el ex funcionario un día antes de irse del Gobierno, las tarifas de luz subirán en Capital y Gran Buenos Aires un 26% en febrero, un 14% en marzo, un 4% en mayo y otro 4% en agosto, lo que acumulado implica un alza del 55%.
Lo que pasa es que no sólo se modificó el precio mayorista, sino que también se dispuso un aumento espectacular en el precio de la potencia que pasará de $10.000 en la actualidad a $80.000 en febrero (700%), a $100.000 en mayo y a $120.000 en agosto, lo que arroja un alza acumulada del 1.100%.
El precio de la potencia no está discriminado en la factura de los usuarios residenciales porque queda a cargo de la distribuidora pero se traslada a los consumidores, lo que podría explicar los aumentos finales anticipados para los hogares del AMBA.
En cambio los usuarios medianos y grandes de las distribuidoras pagan también por la potencia adquirida, y todavía falta un análisis del impacto en la factura final de estos consumidores, para lo que se requiere la publicación de los cuadros tarifarios.
En principio, para los residenciales de todo el país el efecto será significativo. Por eso, Carlos Ciapponi, titular de CALF, la cooperativa eléctrica que presta el servicio en la ciudad de Neuquén, dijo el viernes que “el aumento determinado por Cammesa tiene un impacto tremendo, porque no solamente ha aumentado el concepto de energía sino también el cargo por potencia, el 700%, y el aporte al fondo nacional para obras eléctricas”.
Hay además otro problema sin resolver. Las provincias quedaron a cargo de la tarifa social, pero todavía ninguna jurisdicción definió si mantendrá los mismos criterios para la inclusión de los hogares en el beneficio y cuánto cubrirá del precio mayorista de la energía sobre el que recaía hasta ahora el subsidio del Estado nacional.
