Dispuesto a hacer de este momento una instancia de profundización de la práctica agrícola predominante, el Gobierno presentó un programa de uso de agrotóxicos con el que apunta a motorizar una ley nacional que intensifique las fumigaciones en el interior de la Argentina.
La propuesta oficial fue dada a conocer el miércoles en el Ministerio de Agroindustria, vía un panel integrado por el titular de la cartera, Luis Miguel Etchevehere, y sus pares Sergio Bergman (Medio Ambiente), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Adolfo Rubinstein (Salud), y comprende 12 principios y 23 recomendaciones que promueven un uso ampliado de estas sustancias peligrosas.
Dichas pautas, vertidas en un informe desarrollado por un grupo de trabajo interministerial, dejan de lado la totalidad de las investigaciones nacionales y extranjeras que exponen cómo la aplicación de pesticidas tiene incidencia directa en la proliferación de enfermedades como el cáncer e incrementan las malformaciones o los abortos espontáneos, por citar algunos males.
En concreto, los ministros ataron su propuesta a las denominadas «Buenas Prácticas Agropecuarias» (BPA), un combo de postulados desarrollado por compañías como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont, en alianza con organizaciones del campo como AAPRESID, la asociación que nuclea a los productores que hacen siembra directa, que considera a los agrotóxicos insumos inocuos y biodegradables.
Las BPA avalan la aplicación de prácticamente cualquier plaguicida, cuestionan criterios como la instauración de zonas libres de aplicaciones en torno a puntos habitados, y entienden a las situaciones de contaminación como «casos de mala praxis».
A los ojos de quienes promueven las «Buenas Prácticas Agropecuarias», los pesticidas no implican riesgo para la salud si son aplicados en la cantidad que indican las empresas que los comercializan.
La conferencia concretada en Agroindustria tuvo como inicio una prédica de Etchevehere en la que el titular de la cartera defendió las pulverizaciones y anticipó que el documento interministerial en breve será presentado «ante las comisiones del Congreso para que sea insumo de cara a una ley nacional» que fije pautas para el uso de pesticidas en el campo.
El evento en cuestión, al que asistió este medio, se caracterizó por una defensa cerrada de productos que incluso organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) vinculan a la expansión del cáncer.
En ese sentido, el bloque de ministros evitó contestar la pregunta elevada por iProfesional respecto de la decisión oficial de descartar las investigaciones locales e internacionales que prueban la toxicidad letal del herbicida glifosato, el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto.
Glifosato y 2,4-D, ambos vinculados directamente con el aumento de los casos de cáncer por la OMS, atrazina -de uso prohibido en Europa desde 2004 por su toxicidad elevada-, clorpirifos -su desarrolladora, Dow, fue condenada en EE.UU. por ocultar contaminaciones agravadas-, cipermetrina -letal para peces y abejas-, encabezan el listado de agrotóxicos de mayor uso en el agro local.
El posicionamiento del macrismo a favor de una aplicación intensiva de estos químicos es observado por los fabricantes como un incentivo para traer al país nuevas variedades de estas formulaciones.
Según entidades del sector agrícola, se estima que el negocio de la venta de pesticidas en la Argentina mueve alrededor de u$s3.000 millones al año.
«Monsanto, Bayer, están a los abrazos con este tipo de impulsos que promueve el Gobierno. La mayoría de las empresas temía una eventual baja en la facturación porque, al estar atado a la cotización del crudo internacional, el precio de los fitosanitarios -término que utiliza la industria para referirse a los agrotóxicos- viene subiendo sostenido.
A eso hay que sumarle la resistencia ambiental que suele remarcar que faltan regulaciones. Si es tomado en cuenta, este trabajo será un espaldarazo político para las compañías que hacen estos productos», sostuvo ante iProfesional una fuente cercana a Etchevehere.
Fuente: IProfesional
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Foto: AFP PHOTO / PABLO AHARONIAN
