La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó la derogación del nuevo anticipo del Impuesto a las Ganancias del 15%, a través de una nota dirigida al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto.
La entidad manifestó su preocupación en relación a la Resolución General N° 5.391 que establece que sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos y otros sujetos de capital, deben ingresar un anticipo del Impuesto a las Ganancias del 15%, a realizarse en tres cuotas mensuales y consecutivas.
La medida está orientada a los casos en que el resultado impositivo del ejercicio 2022 o 2023 (de acuerdo con el cierre de ejercicio del contribuyente) sin deducir los eventuales quebrantos sea igual o superior a $600 millones.
En la misiva dirigida a Castagneto, la CAC consideró que el monto establecido «no involucra a un pequeño grupo de grandes empresas, sino que afectará a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado».
La entidad indicó que «de esta manera, se neutraliza cualquier ‘alivio fiscal’ que se le otorgue al sector pyme de la Economía».
Además, resaltó que la norma no contempla «el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permite la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso, ni admite su cancelación por compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que pueda tener el contribuyente».
En ese sentido, advirtió que «esto hace que la norma no considere la existencia de capacidad contributiva, deviniendo en exceso de las facultades que la ley otorga a la AFIP, toda vez que pierde la naturaleza de anticipo del tributo que se deberá pagar por el ejercicio para convertirse en un empréstito forzoso y gratuito, y aún en un impuesto sin ley al considerar el impacto de la alta inflación sobre las sumas a ingresar de incierta aplicación al pago de impuestos futuros».
Al respecto, desde la CAC dejan expresado que consideran que «esta situación lo convierte eventualmente en inconstitucional ante la vulneración de los principios de capacidad contributiva, derecho de propiedad, e innominado de razonabilidad que exige la Constitución Nacional a toda norma de carácter tributario.
Al mismo tiempo, la nota firmada por el titular de la entidad, Natalio Mario Grinman, expresó con preocupación que «se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo».
Asimismo, critican el carácter intempestivo de la medida señalando que «parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional».
El comunicado de la CAC para informar el pedido elevado a la AFIP manifiesta que la medida es una «nueva carga fiscal a los contribuyentes que son parte del universo formal, sin procurar generar la disminución de la informalidad, la baja del gasto público y la enorme presión fiscal sobre aquellos que pagan».
