A principios de este año, el presidente Mauricio Macri presentó un proyecto de ley bajo el nombre de “Ley de Fortalecimiento de los derechos de los trabajadores informales”, pero la polémica que lo envuelve obligó a que, si bien en un principio se quiso apurar el debate legislativo, tengan que ponerle una pausa para no generar ningún revés político en año electoral.
Es que el informe, llamado “Leyes para la transformación productiva”, incluye medidas que ya fueron rechazadas por los sindicatos cuando se intentó realizar la reforma laboral en 2017, y propone únicamente beneficios empresariales a costa de los derechos de los trabajadores.
En un contexto de muchos meses de fuerte crisis económica, con una de las recesiones más extensas, esta semana varios empresarios vinculados al oficialismo realizaron declaraciones en donde pidieron por una flexibilización laboral, como por ejemplo Martín Cabrales, que pidió por facilidades “para despedir y contratar empleados sin causa”.
Uno de los puntos del proyecto, que lleva membrete del Ministerio de Producción y Trabajo, consiste en condonaciones de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), reducción de las indemnizaciones por despido, eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y la creación del fondo de cese. No obstante, pese al rechazo original de los gremios en 2017, en febrero de este año los funcionarios presentaron la propuesta a las centrales fabriles, que estuvieron de acuerdo.
“El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Concretamente, se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, y lo que resulta más inquietante es que ese monto ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social”, declaró en aquel entonces el especialista Matías Maito al medio Minuto Uno.
“Estos proyectos de reducción de costos laborales o baja de aportes patronales no tienen un impacto positivo, lo único que generan es una mejora en la rentabilidad de las empresas y un perjuicio en la recaudación del Estado”, afirmó, y agregó: “La situación del empleo el año pasado fue tremenda, y para este año las perspectivas no son muy favorables: el Fondo Monetario Internacional, en su último informe para nuestro país, prevé que la desocupación este año va a pasar los dos dígitos, va a llegar casi al 11% y no va a volver a estar por debajo de los dos dígitos por los próximos cinco años”.
