El ministro de Economía, Sergio Massa, se dirige a los Estados Unidos para sumarse a la comitiva presidencial comandada por Alberto Fernández que se reunirá con el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de explorar alternativas de financiamiento para cubrir el déficit de las cuentas públicas. Tras dicho encuentro, el titular de la cartera de Hacienda, se reunirá con la titular del FMI Kristalina Georgieva.
Alberto Fernández procurará, a través de Biden, obtener el apoyo político que aceite los mecanismos de aprobación, mientras que Massa deberá detectar las oportunidades que pueden surgir de organismos multilaterales o privados para lograr nuevos fondos para el país.
Argentina debe reducir su déficit fiscal al 1,9% del PBI en medio de la peor sequía de la historia que le quitará recursos por unos US$20.000.
Agotada la capacidad de pedidos a los tradicionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las opciones son cada vez más angostas. Una de las variantes que se baraja es la de avanzar con Biden para que apruebe una flexibilización del acuerdo con el FMI.
La moción fue cobrando cuerpo en los últimos días a partir de la demora del FMI en confirmar la fecha de reunión del Directorio para aprobar la cuarta revisión y girar US$5.300 millones. La Argentina postergó pagos que operaban la semana pasada para el próximo viernes 31 de marzo, a la espera de que se concrete el cónclave, pero aún la Casa Rosada continúa esperando la ratificación.
Esa reunión de la cúpula ya tiene definida la renegociación de la pauta de acumulación de reservas, pero las metas al primer trimestre de 2023 están en la cornisa y de allí es que se espera con atención lo que diga el Board del FMI.
La Casa Blanca controla al directorio del FMI y una instrucción política desde la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos tiene suficiente poder para reducir las intenciones de los representantes de Japón, Alemania y Brasil, que ya están dialogando entre ellos para proponer a la Argentina un plan de ajuste destinado a respetar las metas asignadas al déficit fiscal y a las reservas del Banco Central.
De la reunión con Biden puede depender, entonces, gran parte del pago del próximo viernes de unos US$ 2.700 millones al FMI. Un guiño del presidente de los Estados Unidos a una flexibilización del convenio con el FMI puede decidir a Fernández a realizar el pago con reservas. Si no hay una señal favorable, la situación del Banco Central quedará muy comprometida.
Además del eventual respaldo de Biden, Massa tendría a su favor un cláusula de contingencia prevista en el propio Acuerdo de Facilidades Extendidas y una minucioso informe técnico que demuestra el impacto de la sequía en las cuentas públicas. Según se establece en el acuerdo, «nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. (…) Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales”.
Este argumento jurídico, acordado entre las partes, adquiere una fortaleza si se tiene en cuenta las cifras que Massa le presentará a Georgieva. La producción de soja, trigo y maíz caerán cerca de 50 millones de toneladas en la cosecha 2022-2023, y en consecuencia el Estado dejará de percibir unos 2.500 millones de dólares en derechos de exportación.
Es decir: Massa tiene cerrado sus argumentos -norma legal y detalle técnico- para frenar la presión de determinados países del board que exigen un plan de ajuste que permita cumplir las actuales metas de reservas y déficit. Pareciera obvio que sin los recursos públicos previstos -a consecuencia de la sequía y otros efectos exógenos como la guerra en Ucrania y la crisis financiera global- sería indispensable revisar aspectos claves del Acuerdo de Facilidades Extendidas.
