Desde su asunción en el Poder Ejecutivo, y también como consigna en campaña presidencial, el gobierno de Javier Milei dictaminó como política esencial el desguace feroz de toda organización pública, con el objetivo de reducir considerablemente el impacto del Estado en la vida de los ciudadanos, achicándolo lo más posible. Claro está, con la excusa de «reordenar las cuentas» encontró la maniobra ideal para planificar todo tipo de accionar contra lo que consideraba una «sobra».
Así, sin ningún tipo de contemplación, planificó y ejecutó a rajatabla el plan ‘Motosierra’, que incluyó despidos, recortes presupuestarios, licuación salarial, denegar medicamentos a pacientes oncológicos y con cáncer, tarifazos de servicios públicos y liberación de precios en alimentos, prepagas, alquileres, desregulando la economía, a pedir del dios «Mercado».
Uno de los espacios que más sufrió y viene padeciendo el brutal desarme son las universidades públicas, cada vez más despojadas en sus capacidades, menospreciadas y ridiculizadas por el mandatario libertario, con medidas como la prorrogación del presupuesto del 2023 para el presente año y el congelamiento de salarios para personal docente y no docente.
En ese sentido, se espera que hagan oír los reclamos y demandas en una masiva movilización el 23 de abril, a lo largo y ancho del país, para denunciar los condicionamientos que le impone un modelo de ajuste tremendo como el actual, que perjudica el funcionamiento de las instituciones, alentado además por una campaña de mercantilización y disciplinamiento político.
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Para denunciar este ‘Universidio’, que mejor muestra que los números para graficar el cuadro de situación: entre marzo de 2023 y 2024, según un informe de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), el salario real de un docente universitario sufrió un retroceso en términos reales del 28%, fruto de un incremento del 178,3% nominal que perdió claamente con una inflación del 287,9%. La mayor parte de esta retracción se produjo luego de la devalución de Gobierno en diciembre.
Dicha caída se profundizó en abril, ya que en la comparación interanual muestra que el salario del docente universitario creció 181,2%, pero volvió a perder con la inflación, que fue del 296,3% entre este período, lo que implica un descenso de 29% en términos reales. También la mayor parte de esta baja sucedió tras la medida anunciada por Luis Caputo.
Asimismo, a partir de diciembre de 2023, debido al impacto del plan económico anunciado por La Libertad Avanza, la inflación creció 90,1% y los salarios sólo 37,1%. Esto quiere decir que el salario real de los universitarios perdió 27,9% de su poder adquisitivo en solo cuatro meses, quedando 28,2% por debajo del salario real percibido hace un año atrás.
También es un dato significativo que actualmente -como no ocurría desde hace 20 años- haya docentes de las universidades públicas cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Según informó el INDEC, para no caer en la pobreza un hogar Tipo 2 (dos personas adultas y dos menores a cargo) necesitó en marzo un ingreso de al menos $773.385.
A su vez, el salario docente universitario también se ha visto fuertemente afectado por la eliminación del Fondo Nacional de Inventivo Docente (FONID) , que era percibido hasta ahora en los niveles de la educación obligatoria, incluyendo a quienes trabajan en escuelas y colegios dependientes de las universidades («niveles preuniversitarios» del sistema). En febrero, la suspensión del pago de ese adicional representó una pérdida del 6,2% del salario básico de profesores y profesoras del nivel medio con 15 hs cátedra, quienes por esa causa perdieron en marzo un 5,5% de sus ingresos.
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Asimismo, en el primer trimestre de 2024, la Secretaría de Trabajo transfirió a las universidades un total de $21.333,9 millones, un 55% más que el monto devengado en el primer trimestre del año pasado, pero al haber una inflación de 273,5% en ese período, la caída real del presupuesto ejecutado en ese concepto llegó al 58%.
Respecto a los gastos de funcionamiento, si bien el Gobierno otorgó un aumento del presupuesto, el mismo es insuficiente y no se ha concretado en un incremento de las transferencia efectivas realizadas a las universidades. La cuota mensual pagada en marzo es similar a la que se pagó en abril del 2023, sin ningún tipo de actualziación, a pesar de acumularse, en ese lapso, una inflación de casi el 300%.
Como está ocurriendo en otras áreas del Estado, la gravedad del ataque al sistema universitario público implica ya una serie de dificultades significativas, justifica la alarma respecto de la situación que se proyecta para los próximos meses, y explica la movilización actual de todos los sectores.
A esto se suma una virulenta campaña dirigida a intentar desacreditar a la universidad pública, centrada en tres acusaciones: ineficacia, corrupción y adoctrinamiento. Las dos primeras forman parte del repertorio conocido de una derecha que una y otra vez retorna planteando la necesidad de someter a las universidades públicas a mecanismos de regulación y vigilancia que prometen racionalizar y transparentar la utilización de los recursos financieros que demanda su actividad.
La tercera acusación es más notable, porque no formaba parte de este repertorio desde la última dictadura cívico-militar: el adoctrinamiento. El presidente replica en su red social predilecta (X) posteos que aluden a comunicaciones, afiches y volantes que convocan a la movilización universitaria, como si fueran pruebas de la existencia de tal adoctrinamiento.
La Subsecretaría de Políticas Universitarias ha creado y difunde una dirección de correo electrónico destinada a recibir denuncias de «adoctrinamiento” y «persecución ideológica», en un esfuerzo por generalizar la sospecha de que eso ocurre cotidianamente en las universidades públicas. Esa operación califica como «adoctrinamiento» toda expresión que pueda interpretarse como una opinión crítica respecto del programa o las acciones del Gobierno.
EL INFORME DE LA CONADU
Informe sobre la situación … by Conclusión Diario Digital
