El pasado jueves, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción a un paquete de medidas pensadas para sumar subsidios al transporte urbano e interurbano. El diputado Rubén Galassi es el autor del proyecto sancionado, destinado fundamentalmente para generar más recursos para el Fondo Compensador del Transporte,a partir del aumento de la alícuota de Ingresos Brutos de 0.25% al 1% para la comercialización de granos. Además, en el mismo proyecto se triplica el impuesto inmobiliario para el sector al igual que para los bancos y financieras.
Esta serie de medidas provocaron una reacción inmediata del sector agroexportador que puso el grito en el cielo y amenazó con «miles de despidos» para paliar una situación que tildaron de»dramática». En ese sentido se expresaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) al igual que los voceros de la Bolsa de Comercio de Rosario, que amenazaron con una «reducción de las cosechas».
En tanto, Conclusión consultó al secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores, Daniel Yofra sobre la visión de los gremios del sector. Yofra señaló que si bien, aún es prematuro dar una opinión al respecto ya que los sindicatos no han emitido una opinión al respecto, señaló que «es lógico que las empresas no estén a favor». «Obviamente no están a favor de los impuestos como de los aumentos de sueldo porque se quieren llevar toda la plata afuera, son multinacionales y responden a un interés extranjero», sentenció el dirigente aceitero.
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El enojo de la Bolsa de Comercio y las agroexportadoras
Tan sólo un día después de que el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, la Cámara de Aceiteros y la Bolsa de Comercio de Rosario salieron con los tapones de punta advirtiendo la medida «recaerá sobre las espaldas de los productores agropecuarios, quienes sufrirán una disminución de los precios que reciben por su producción, un incremento en el precio de compra de los insumos necesarios para la implantación de los cultivos y un aumento de los costos de acondicionamiento de los granos que comercializa a través de acopios».
En ese sentido Yofra expresó: «Yo no creo que la situación sea crítica como ellos dicen. El problema principal está en querer poner a la misma altura al poroto de soja y el procesamiento de ese poroto. Si se ponen los mismos aranceles de exportación , tanto al poroto como al subproducto, hace que a los empresarios no les convenga industrializarlo, porque es lo mismo exportarlos como poroto que como aceite o como harina. Entiendo que ese es un poco el reclamo que tienen las empresas. Y cualquier cosa que se modifique, por más pequeña que le resulte a la empresa, porque hay que decir que ganan muchísimo, seguramente van a poner el grito en el cielo».
El dirigente aceitero también hizo hincapié en que «seguramente van a tomar las medidas que toman siempre los empresarios; despidos, suspensiones, vacaciones adelantadas». «Lo hacen siempre así para que los trabajadores presionemos al gobierno a través de huelgas, huelgas de las que se quejan cuando se las hacemos a ellos por los aumentos salariales».
«Esta es una ecuación que siempre termina de la misma manera, la extorsión hacia el gobierno no va a venir por parte de las patronales, de hecho han colaborado en las campañas, le han adelantado divisas al gobierno cuando se derrumbó el dolar, siempre la ecuación cierra por el lado de los trabajadores. Pérdida de puestos de trabajos, flexibilización de los convenios… Estamos acostumbrados»,señaló Yofra. y remarcó: «En Santa Fe, desde Timbúes a Arroyo Seco está el 80% de la molienda de todo el pais, así que yo no creo que a nadie le sea grato que se exporte la soja pero no se industrialice, porque las plantas van a estar más paradas, va a haber más capacidad ociosa, y los trabajadores no se van a quedar con las manos cruzadas».
Por su parte, el diputado Carlos Del Frade, impulsor del proyecto, se mostró lapidario con los reclamos de las empresas y la Bolsa de Comercio. «Se comportan como extorsionadores y dueños de la provincia. Amenazar con despedir trabajadores es un acto que revela su bajeza humana. Veinte empresas facturaron el año pasado 388 mil millones de pesos. Si se les cobrara un 5 por ciento deberían pagar 19 mil millones de pesos. Pero amenazan porque ahora solamente le cobrarán 800 millones de pesos. Se creen semidioses. A 35 años de la recuperación de la democracia, una vez más la consigna es democracia o mercados».
