El Gobierno oficializó hoy la emisión de Letras del Tesoro por 35 mil millones de pesos y 275 millones de dólares, que serán suscritas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSeS.
La medida se tomó en el marco de la programación financiera para este año, y se formalizó por medio de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este lunes en el Boletín Oficial en la Resolución Conjunta 62/2019.
La emisión de estas Letras, tanto en pesos como en dólares son a un plazo de 182 días, con fecha de vencimiento el 13 de marzo del año que viene, con amortización íntegra al vencimiento y devengarán intereses a la tasa BADLAR para bancos públicos más quinientos (500) puntos básicos. La forma de colocación es por suscripción directa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales.
En cuanto a las Letras en dólares, también vencerán el 13 de marzo de 2020 y el precio de suscripción es de 961,64 dólares por cada valor nominal original de mil. En la resolución conjunta, se especifica que ambas emisiones tienen tasa cero de interés, librando al Estado nacional de toda obligación de compensación por el préstamo.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad
El FGS se creó en 2007, pero a fines de 2008 adquirió relevancia económica al recibir los activos financieros que habían acumulado las AFJP durante los quince años de vigencia del sistema de capitalización privado.
Su objetivo principal es, desde entonces, servir como garantía de las prestaciones ante la evolución económica y demográfica del país. En particular, su función está atada al desafío que representa el envejecimiento de la población a un sistema previsional de reparto. Disponer de un ahorro previsional permite suavizar la necesidad de generar recursos tributarios extraordinarios ante déficits estructurales crecientes.
Se utilizó el FGS exitosamente como herramienta de política fiscal contracíclica cuando luego de la crisis de 2009 se destinaron fondos para financiar a la industria automotriz, que enfrentaba una fuerte caída de la demanda y contracción del crédito generada por la crisis internacional, en términos de toma de deuda con el organismo, para su posterior devolusión en valor con interés, producto del incremento de la producción. El hecho de disponer de recursos públicos con este fin permite su asignación a los sectores y proyectos estratégicos en forma más directa, facilitando la aplicación de una política industrial orientada a la reconversión de la matriz productiva y la mejora de la competitividad de la economía.
En la corta vida del FGS se aplicaron una cantidad relevante de fondos (especialmente en el período 2009-2015) con la finalidad de obtener un flujo de financiamiento sostenible y de largo plazo para inversiones productivas y de infraestructura, lo cual nos podría llevar a dejar el modelo de paúis exportador de materias primas.
En diciembre de 2015, se habían destinado cerca de 7000 millones de dólares a proyectos productivos y de infraestructura (el 11,5 por ciento del total de activos que conformaban en ese momento el Fondo) lo cual incluía, entre otros destinos, centrales nucleares y termoeléctricas, rutas y viviendas. Sin embargo, el rol que cumplió el FGS quedó a disponibilidad de la voluntad política de turno. Así, durante el gobierno de la Alianza Cambiemos hubo, por un lado, una estrategia de desprenderse de acciones como el caso Petrobras o de las centrales térmicas y de emisión de deudas por medio de bonos públicos para financiar el Estado y, por otro, la decisión correcta de financiar el gasoducto de Vaca Muerta.
