Tras la polémica suscitada por la aprobación del Concejo Municipal a la ordenanza que busca testear la calidad de las pastillas ilegales en las fiestas para así reducir daños y evitar más tragedias entre sus consumidores, desde el Recinto volvieron a dejar en claro la firmeza de su decisión, asegurando que es una política “complementaria” al trabajo de las fuerzas de seguridad y la justicia y que se está actuando bajo las recomendaciones de las Naciones Unidas y el ejemplo de otras ciudades del mundo.
“Queremos una política que no reemplaza ni suplanta la que deben hacer las fuerzas de seguridad y la justicia, sino que la complementa. Ellos deben ocuparse de los que cometen el delito y nosotros de quienes son sus víctimas”, comienza el texto firmado por Daniela León, presidenta del Concejo Municipal, que luego continúa asegurando que el Recinto “actúa dentro de su ámbito de competencia cuando propone medidas para enfrentar las crisis”.
De igual manera, sostiene que lo ocurrido en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes, es una muestra de que “la lucha contra el narcotráfico puede fallar” dando lugar a que aparezcan drogas mortales en fiestas repletas de gente, y que lo importante es entonces controlar el consumo para darle la mejor contención posible a esas personas, a las que también catalogan como “víctimas”.
“Se sabe que las políticas de reducción de daños son parte de nuestra vida cotidiana en temas como tabaquismo, alcoholismo, SIDA, e incluso drogas. Las políticas de reducción de daños actúan todo el tiempo, pero también se preparan para situaciones puntuales y extraordinarias en las que el riesgo se multiplica y en las que se puede disparar una crisis de magnitud. Esa es la posibilidad que estamos queriendo abordar”, sostiene la presidente del Recinto en el texto difundido.
A su vez, asegura que “es primordial advertir a los jóvenes sobre las consecuencias que puede acarrear el consumo”, pero que “luego de dar máxima prioridad a la concientización, hay otras medidas importantísimas, como garantizar la debida hidratación, la asistencia médica especializada, el control de la capacidad de los locales donde se congrega tanta gente, y saber qué consumen y cómo actuar frente a las consecuencias”.
Finalmente, el comunicado concluye asegurando que “cada situación debe analizarse con el mayor rigor técnico y científico”, y que esto es “lo que recomiendan las Naciones Unidas y es lo que se hace en otras ciudades del mundo”.
El comunicado completo:
“Queremos una política que no reemplaza ni suplanta la que deben hacer las fuerzas de seguridad y la justicia, sino que la complementa. Ellos deben ocuparse de los que cometen el delito y nosotros de quienes son sus víctimas.
El Concejo Municipal está actuando dentro de su ámbito de competencia cuando propone medidas para enfrentar las crisis. La tragedia ocurrida en Costa Salguero muestra que la lucha contra el narcotráfico puede fallar y que cuando eso ocurre, en una fiesta aparecen drogas que matan gente en cuestión de minutos. Mientras la lucha contra el narcotráfico es responsabilidad de otros niveles del Estado, la emergencia ante el hecho consumado es responsabilidad del Municipio. Son dos planos de actuación diferente.
En todo el mundo hay fuerzas de seguridad de nivel nacional o provincial desplegando políticas para controlar el narcotráfico, pero la realidad es que el consumo todavía no está controlado. Ante esa realidad, en Rosario el Concejo plantea actuar con la Intendencia y con la Universidad para dar la mejor contención posible a las víctimas, es decir, a los consumidores de drogas. En Rosario queremos ocuparnos de ellos adoptando las recomendaciones de las Naciones Unidas y las experiencias de las ciudades que en Europa y en otros países de América Latina hace tiempo que vienen perfeccionando estrategias. Hicimos un Decreto para convocar a la Universidad porque estudiaron científicamente esta problemática y pueden hacer un aporte significativo. Esto no significa a priori la adopción de una medida u otra, sino recurrir a los especialistas para que ellos participen de la formulación de programas.
Se sabe que las políticas de reducción de daños son parte de nuestra vida cotidiana en temas como tabaquismo, alcoholismo, SIDA, e incluso drogas. Las políticas de reducción de daños actúan todo el tiempo, pero también se preparan para situaciones puntuales y extraordinarias en las que el riesgo se multiplica y en las que se puede disparar una crisis de magnitud. Esa es la posibilidad que estamos queriendo abordar.
Ante la contingencia de un evento público, con gran concentración de gente, en el que aparecen drogas que pueden tener un impacto como el que se dio en Costa Salguero, se necesita actuar en varios frentes simultáneamente. Es primordial advertir a los jóvenes sobre las consecuencias que puede acarrear el consumo. Pero luego de dar máxima prioridad a la concientización, hay otras medidas importantísimas, como garantizar la debida hidratación, la asistencia médica especializada, el control de la capacidad de los locales donde se congrega tanta gente, y saber qué consumen y cómo actuar frente a las consecuencias. Cada situación debe analizarse con el mayor rigor técnico y científico, porque el estudio de una problemática necesita, sin ningún lugar a dudas, de la mayor y mejor información posible. Es lo que recomiendan las Naciones Unidas y es lo que se hace en otras ciudades del mundo”.
