La agenda del Congreso volverá esta semana a estar en el centro de la escena política con dos temas que activarán el debate: la nueva ley de Alquileres y la discusión por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara de Diputados encarará la recta final en el debate que tiene como objetivo consensuar una norma que regule los alquileres.
Comienza a llegar a su fin el período de un mes que oficialismo y oposición habían consensuado para poder ponerse de acuerdo en un dictamen único. De hecho, está previsto que entre martes y miércoles se reúna la comisión de Legislación General para abocarse a ese trabajo.
No será una tarea fácil conseguir un proyecto unificado, ya que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio tienen ideas distintas sobre qué quieren escribir en el articulado.
El período que deben tener los contratos de alquiler es uno de los puntos de conflicto. El oficialismo espera mantenerlo en los tres años de la ley vigente, pero la oposición quiere devolverlo a los dos años.
Otro de los temas que genera diferencias es el plazo entre un ajuste y otro, que por estos tiempo está fijado en un año. Para Juntos por el Cambio y los propietarios e inmobiliarias, el período debe ser menor y hablan de los seis meses.
Encontrar puntos de contacto será el desafío que deberán enfrentar los diputados de ambos espacios, que se autoimpusieron un mes máximo para tener una nueva redacción.
JORNADAS DE DEBATE
Con el objetivo de llegar a una redacción que esté enriquecida por la amplia variedad de miradas que hay en torno al tema de los alquileres, los diputados realizaron rondas de expositores en el marco de la Comisión de Legislación General.
La última fue el miércoles pasado, cuando la titular de dicha Comisión, Cecilia Moreau (FdT), habilitó la exposición de más de 30 especialistas. Se trató de la tercera reunión informativa y contó con la presencia de representantes de inquilinos, propietarios e inmobiliarias.
El encuentro del miércoles tuvo como primera oradora a Lucía Cavallero, integrante del colectivo «Ni una menos», que expresó que “el punto de partida de la discusión es pensar que entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias hay una relación desigual de poder y que no hay un interés común”. “Debemos mejorar la protección de derechos de las inquilinas, ya que hay un problema de ingresos que afecta a las mayorías sociales”, resaltó.
Luego, Eduardo Reese, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, señaló que “el mercado inmobiliario no cumple con los postulados y principios que el sistema capitalista ha impuesto para que un mercado funcione correctamente”. En esa línea, agregó: “El mercado inmobiliario es opaco, plagado de prácticas especulativas y presenta una enorme desigualdad en la negociación contractual”.
Desde la Unidad Inmobiliaria del Colegio de Martilleros de San Isidro, Leonor Dueñas, sugirió que “el Estado debe incentivar a los inversores con beneficios en la construcción sobre inmuebles para la locación”. En otro orden, consideró “incompresible que exista tanta resistencia por parte de los legisladores para realizar los desalojos exprés, lo que daría mucha tranquilidad a los propietarios”.
En nombre del Colegio Abogados de Catamarca, Rolando Crook dijo que “la problemática que enfrenta tanto el locatario como el locador está basada en el tiempo y el precio”. “Las tarifas son altas y los modos de actualización son injustos, sobre esa base hay que tomar medidas”, añadió.
CAMARA ALTA
En tanto, el Senado concentrará las miradas porque este miércoles arranca la discusión en comisiones de un proyecto que busca ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema.
El kirchnerismo impulsa la discusión, en base a un proyecto que había sido presentado por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, que propone llevar de cinco a nueve los miembros del alto tribunal.
Si bien la oposición considera que el proyecto no tiene chances de convertirse en ley, el Frente de Todos vuelve a tensionar su relación con la Corte, inmediatamente después de la puja por el control del Consejo de la Magistratura.
El puntapié inicial para el debate será el miércoles y con él, el kirchnerismo busca volver a poner en tela de juicio el rol del máximo tribunal del país y también su desempeño. Actualmente, la Corte Suprema cuenta con cinco miembros, pero funciona con cuatro, ya que no se reemplazó a Elena Highton de Nolasco.
