En Mendoza se desató una fuerte polémica luego de que el gobernador Rodolfo Suárez entregara, por decreto, 12.000 hectáreas a una empresa privada que construirá un Centro de esquí.

Luego de esta entrega inesperada, el peronismo local acusa al gobernador radical electo por más de 50% en noviembre del año pasado, de haber “privatizado” una parte de la Cordillera de los Andes. “No pueden hacer lo que están haciendo sin haber establecido la declaración de impacto ambiental. Es lo que exige la ley. Y llevan dos años trabajando en el lugar, me pregunto ¿fueron aprobadas esas obras por el intendente de Malargüe?”, indicó Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores justicialistas.

Entorno al impacto ambiental, en una zona de glaciares, el senador provincial avanzó en la aprobación de un pedido de informes para que el gobierno de Suarez brinde explicaciones ante la Legislatura mendocina. Más allá del apuro, aún resta trabajar en estudios, evaluaciones y aprobaciones ambientales y su impacto. “Sin esos pasos, no hay manera de que la obra finalmente se desarrolle”, agregó.

Azufre SA, es la firma que llevará adelante este megaemprendimiento, perteneciente a un empresario de medios llamado Alejandro Spinello, que trabajó en su momento en las campañas presidenciales de puntuales candidatos demócratas en Estados Unidos, principalmente de Albert Arnold Gore.

En contraposición a la embestida por parte de la oposición, que cataloga a esta “entrega precaria” como privatizadora de una parte de la cordillera, desde el Ejecutivo mendocino aseguran que están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado.

En este marco de explicaciones, Víctor Ibañez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza también esbozó una argumentación al respecto. “Me parece muy importante señalar que son tierras de propiedad del Estado Nacional, no son tierras de la provincia. Aclaro esto porque desde un sector de la oposición respecto a este tema muestran un desconocimiento absoluto”.

Y añadió que esas tierras, «en el año 1969 el Estado Nacional se las entregó a la provincia de Mendoza en posesión, son tierras de frontera. Como tierra de fronteras que son abarcan una extensión de 52 mil hectáreas. Por ello, tienen un régimen especial legal, de leyes nacionales».

Pese a las explicaciones de Ibañez, la oposición sospecha que detrás de toda esta movida existe algún tipo de negocio inmobiliario. “Con 2 mil hectáreas podrían haber hecho el centro de esquí que pretenden, no hacía falta darles 12 mil, es una enormidad”, puntualizó el senador Ilardo.

En contraposición a todo el debate generado, el empresario Spinello promociona lo que será el «primer centro de esquí sustentable del mundo”, que contará con una inversión de 200 millones de dólares. Claramente, esto último es lo que sostiene los argumentos que utiliza el gobierno de Suarez para defender la iniciativa. A ello, agregan la promesa de que se crearán unos 1.000 empleos directos y 5.000 indirectos.

Un debate en puerta que realza viejas discusiones sobre el impacto ambiental que generan este tipo de emprendimientos comerciales; que justamente se realizan en zonas estratégicas, en donde se encuentra uno de los mayores recursos hídricos de la provincia.