El Gobierno avanza con una purga interna para eliminar topos y traidores que filtraron información a los fondos buitres en el caso YPF
La Casa Rosada decidió reestructurar la Procuración del Tesoro a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Un escándalo. El Gobierno detectó que algunos abogados de la Procuración del Tesoro le filtraron información al fondo Burford, que lleva adelante las acciones judiciales contra la Argentina en el caso YPF, y decidió avanzar con una purga interna que ya acumula alrededor de 60 desvinculaciones.
La reestructuración de la Procuración del Tesoro fue oficializada este jueves a través del decreto 475/2025, que se publicó en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. No solo aplica modificaciones en el organigrama interno del organismo, sino que también avanza con disoluciones de estructuras enteras, entre ellas la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
«A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución», expresan los fundamentos del mencionado decreto.
El texto oficial no detalla a qué se refiere cuando habla de desafíos estructurales, pero fuentes del Gobierno dejaron asentado en distintos medios que se filtró información sensible a los equipos jurídicos de los fondos buitre que se encuentran litigando contra la Argentina por la estatización de YPF. Una traición de parte de los abogados que deberían custodiar los intereses nacionales.
Si bien se desconoce qué tipo de archivos o datos fueron filtrados, en la Casa Rosada entienden que la estrategia judicial argentina resultó directamente perjudicada. En la causa que está en manos de la jueza estadounidense Loretta Preska, las filtraciones habrían jugado a favor del fondo Burford.
Las estrategias jurídicas que analizaba el país parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados, pero esto se producía porque contaban con información privilegiada que salía de la Procuración del Tesoro.
Esto último activó la purga que se oficializó este jueves. Más de 60 funcionarios terminaron eyectados de diferentes áreas de la Procuración. No obstante, el propio procurador Santiago Castro Videla, quedó en el cargo por ser un hombre que responde a Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei y miembro del denominado «Triángulo de Hierro».
La preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.
Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Decreto que reestructura la Procuración del Tesoro by Conclusión TV
¿Lobos cuidando el gallinero?
Una cuota de alivio llegó a la administración nacional en medio del escándalo. Es que en las últimas horas el Gobierno de Donald Trump definió intervenir en la disputa judicial y sumarse como «amicus curiae», una figura que le permite a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.
En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.
Cabe recordar que el nombramiento de Castro Videla en enero pasado no estuvo exento de controversias. Es que el actual procurador tuvo como socio al constitucionalista Alberto Bianchi, quien fue testigo de Burford en el juicio contra Argentina.
El actual procurador Santiago Castro Videla, quien asumió en reemplazo de Rodolfo Barra, que se había excusado de intervenir en la causa YPF.
Por otra parte, este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración.
El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.
La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.