La propuesta -impulsada por políticos, gremialistas, artistas y académicos- pide que las empresas privadas tengan una participación minoritaria en las actividades relacionadas al elemento clave para el desarrollo de baterías eléctricas, entre otros usos.
Respecto de la inflación en Argentina, afirmó que "no es una sorpresa", y apuntó que fue "cuestionado cuando se produjo la discusión del presupuesto".
La entidad que obtuvo la personería gremial después de más de 25 años de lucha realizará un congreso nacional los próximos 18 y 19 de noviembre. Su titular pidió "cambiar el modelo productivo sobre la base de recuperar la soberanía energética".
Para que la deuda de los privados no la paguen los argentinos, dice Rovelli, es urgente que la DGI "investigue en forma inmediata" como hicieron "para comprar una cantidad de dólares que excede lo que dice que ganaron en sus balances".
El Estado nacional será el principal accionista con el 63,7% del total y el Estado provincial participará con el 21,2%, de la empresa considerada estratégica por ser la única en su tipo en el país y la región con capacidad de desarrollo de grandes obras energéticas y de infraestructura.
Organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones políticas pidieron "la estatización de los recursos estratégicos" y rechazaron la concesión de la Hidrovía a empresas privadas, ya que entienden que esto "sumerge al país en la pobreza".
Se trata de una resolución por la cual Macri selló el pacto entre el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y las empresas productoras y distribuidoras de gas donde primero dolarizaron las tarifas
De esta manera, diputados de Juntos por el Cambio, salieron al cruce de su par del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, que impulsa que los que recibieron subsidios del Estado y tienen cuentas en paraísos fiscales cedan participación en sus empresas.
Solo así el Banco Nación podrá cobrar la deuda de 18 mil millones de pesos y se podrán preservar además los 4.000 puestos de trabajo, consideró el legislador provincial.
El presidente decidió que el Estado tome el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, que pasan a manos de la empresa Corredores Viales SA.
La demanda acusa a Argentina de expropiar el 51% de YPF SA en 2012 en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública.
Si bien desde la administración de Mauricio Macri esperaban un gesto de Donald Trump, la Procuración General del país del norte continental recomendó que la demanda millonaria, por la estatización de la petrolera argentina, continúe en tribunales estadounidenses. Ahora deberá definir la Corte Suprema de ese país.