El Gobierno de Javier Milei se mostró predispuesto a instalar una nueva discusión social: el regreso del servicio militar obligatorio. En los últimos días, miembros del gabinete presidencial adelantaron que si bien “evaluarán” que esta formación vuelva a ser obligatoria para todos los jóvenes argentinos, aún no están dadas las condiciones, principalmente por una cuestión de bajo presupuesto en el área de Defensa.

Fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien el pasado sábado habló del tema durante un viaje a la provincia de Mendoza: “Lo que tenemos en carpeta es jerarquizar y reivindicar a las Fuerzas Armadas. En tanto y en cuanto tengamos presupuesto, vamos a hacer todos los esfuerzos para ir en ese sentido”.

“Queremos modificar las condiciones del servicio voluntario, para garantizar terminalidad educativa. Hoy tenemos un servicio voluntario que va entre los 18 y 28 años, pero esos chicos que salen no tienen herramientas para incorporarse al mercado laboral. Queremos volver a los viejos liceos que tanta calidad supieron tener en toda la República Argentina. Estas son las cuestiones en las cuales no estamos abocando, como también a una política de defensa”, señaló el funcionario al asistir a un desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Al ser consultado sobre impulsará el retorno del servicio militar obligatorio, Petri respondió: “Hoy no están dadas las condiciones, pero es una cuestión que vamos a evaluar con el oficialismo y la oposición”.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también visitó este fin de semana la provincia de Mendoza para participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia y apuntó que, por cuestiones presupuestarias, “no es viable” un retorno del servicio militar obligatorio.

“No considero que fuera viable con el actual presupuesto que hay en el área de Defensa. Es el menor presupuesto en la región y hace bastante imposible lograr ese tipo de medidas. Desconozco si dentro del área del ministro Petri esto se está tratando con un aumento en el presupuesto”, manifestó la vicepresidenta.

El servicio militar obligatorio estuvo vigente en Argentina desde 1901 –cuando se sancionó la ley que lo implementó– hasta 1994, cuando esta normativa se derogó definitivamente tras el asesinato de un joven en uno de los cuarteles.

Cada año, el llamado a la conscripción forzosa reunía en diferentes unidades militares del país a jóvenes varones de diversas procedencias geográficas, clases sociales y niveles educativos, quienes por un lapso de tiempo determinado –que varió a lo largo del siglo– quedaban sometidos al régimen de vida cuartelario.

Para un sector importante de la sociedad, el servicio militar obligatorio cumplía, además de su rol estrictamente militar, un papel clave en la formación de los jóvenes argentinos. Según esta mirada, durante su paso por la conscripción estos adquirían valores fundamentales para convertirse al mismo tiempo en hombres y ciudadanos al servicio de la nación argentina.

La contracara de la imagen del servicio militar obligatorio que resaltaban sus defensores eran el autoritarismo y militarismo que, de acuerdo con sus críticos, se promovía desde la institución. Los cuestionamientos hacían foco en la arbitrariedad y crueldad de los castigos que se imponían a los reclutas, quienes además estaban sometidos a la justicia militar durante el lapso de tiempo que duraba la conscripción.

Justamente, serían estos castigos el detonante de la abolición del servicio militar obligatorio en Argentina, decisión tomada a partir del asesinato del soldado Omar Carrasco, en 1994, cuando cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar de la localidad neuquina de Zapala.

La historia oficial dice que su muerte se produjo apenas tres días después de su ingreso como consecuencia de un hemotórax producto de una golpiza que le dieron dos conscriptos durante un “baile”, el eufemismo de la jerga militar que alude al castigo físico. Según esa misma historia oficial, la orden habría sido dada por un subteniente.