El Gobierno denunció una “operación de inteligencia” y la Justicia suspendió la difusión de audios de Karina

Tras varios días de incertidumbre y silencio por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno pasó de la defensa al ataque: a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que acudió a la Justicia Federal para que investigue lo que considera “una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. A los pocos minutos, el mismo vocero publicó que un juez otorgó una medida cautelar por medio de la cual ordenó la suspensión de la difusión «únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei«.

Apenas unos mintuso después, el periodista del streaming Carnaval, Mauro Federico, dijo al aire que iba a acatar la medida judicial que suspende la difusión de esos audios hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Se trata del canal de strean que ha publicado la mayoría de los audios que motivaron la investigación judicial por presuntos ilícitos.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez civil Alejandro Patricio Mariniello, quien justificó la decisión restrictiva del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en función de un interés superior, que en este caso sería el derecho a la privacidad de la hermana presidencial, que habría sido vulnerado con la difusión de conversaciones correspondientes a su ámbito privado.

La medida dispuesta por la Justicia Federal alcanza sólo a esos audios correspondientes a la secretaria General de la Presidencia y grabados en la Casa Rosada, y se extiende a «cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web», dice el escrito que publicó Adorni.

«Operación de inteligencia ilegal»

A través de su cuenta de la red social X, Adorni afirmó que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

Si bien el vocero no brindó precisiones, su posteo no hace referencia a las conversaciones gravadas al ahora ex titular de la Andis, el amigo y abogado del presidente Milei, Diego Spanguolo, sino al audio que se difundió sobre el fin de la semana pasada, en el que se escucha a una persona que sería la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Si bien el audio no menciona posibles delitos, contiene un planteo de la hermana presidencial en relación a estar “unidos” ante la adversidad que supuso la difusión de la conversación grabada a Spagnuolo -por alguien que aún no se conoce quién es- en el que menciona el pago de coimas de los laboratorios que comercian con la Andis, y que recauda en forma de retorno la Suizo Argentina.

Según la conversación que Spagnuolo tiene en un bar o restaurante -por los sonidos que se escuchan de fondo-, el dinero del retorno consiste entre un 5 y un 8 por ciento de los contratos con los laboratorios que proveen remedios a la Agencia.

El ex funcionario menciona a la mano derecha de Karina, Eduardo “Lule” Menem, como el organizador de la actividad ilícita, y afirma que el dinero llega “a la Presidencia”. También nombra a Karina Milei y estima que a ella le debe llegar “el 3 por ciento” de las coimas solicitadas a los proveedores de medicamentos.

En el posteo en el que anuncia la denuncia ante la Justicia Federal por la existencia de una presunta “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, Adorni señala que “no fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

Una de las preguntas que se impone, siguiendo ese razonamiento, es quién tiene la capacidad de grabar a la hermana del presidente en la Casa Rosada. Vale recordar que el Gobierno de “la motosierra” la utiliza de modo selectivo, y la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) que maneja a distancia el asesor presidencial monotributista Santiago Caputo, no sólo no vio recortados sus recursos sino que se incrementaron de manera notable, y bajo la forma de “gastos reservados”, sobre los que no se rinden cuentas.