El Gobierno designó nueva funcionaria en el área de Medios Públicos: promete más ajuste y menos contenidos
La abogada María Gabriela Fernández fue nombrada por decreto en la Subsecretaría encargada del ecosistema de empresas públicas de comunicación. Los medios oficialistas anuncian retiros voluntarios.
El jefe de Gabinete de la Nación, el ex vocero Manuel Adorni, designó como subsecretaria de Medios Públicos a la abogada María Gabriela Fernández, de perfil bajo y escasa exposición política, con el presunto objetivo de continuar la demolición de la estructura de las empresas de comunicación en manos del sector público, del cual los funcionarios se sirven pero dicen aborrecer.
La designación se oficializó el miércoles a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 7/2026 que nombra a Fernández al frente de la Subsecretaría que concentra áreas clave del ecosistema público: Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado, la ex Télam.
La llegada de Fernández se da en medio de una fuerte reconfiguración del organigrama presidencial. Tras el corrimiento de Guillermo Francos y el ascenso de Adorni a la jefatura de Gabinete, el área de Comunicación quedó aún más concentrada.
Debajo del ex vocero quedó Javier Lanari, mientras que en los últimos días se disolvió la Secretaría de Prensa, que hasta hace poco estaba en manos de Eduardo Serenellini. Con estos cambios, Milei terminó de cerrar un esquema reducido de secretarías que dependen directamente de la Presidencia, con Comunicación y Medios en ese ámbito.
Descreído acerca del rol que debe jugar el Estado en garantizar derechos como el acceso a la información y la libertad de expresión, el Gobierno considera que esos asuntos que el derecho internacional considera fundamentales para el sistema democrático, deben quedar sólo en manos del mercado.
En ese marco, según reproducen los medios oficialistas, el Gobierno buscaría reducir aún más la planta de personal de los medios de gestión estatal como la TV Pública y Radio Nacional. Afirman que desde el Gobierno sostienen que la estructura está sobredimensionada y apuntan a la herencia de gestiones anteriores.
Para eso, según esos medios, se implementaría a través de un plan de “retiros voluntarios” que serían “acordes a la antigüedad y al cargo” de cada trabajador y que el proceso se implementará de manera gradual.
El encargado de ejecutar el esquema será el interventor Carlos Curci, ex vocero de la Sociedad Rural, que asumió el control del área en reemplazo de Eduardo González. Aplicando la lógica de las empresas comerciales, desde el Gobierno insisten en que los medios estatales “funcionan a pérdida” y que sus estructuras superan ampliamente las de señales privadas.
Señales como Paka Paka podrían ser transferidas a otras áreas, privatizadas o directamente cerradas. En el caso de RTA, el objetivo oficial es reducir su estructura “casi a la mitad”, dicen los medios. La ex Télam, que administra la pauta estatal, también aparece en la lista de dependencias que sufrirán recortes.