El Gobierno dispuso hoy que el 31 de diciembre próximo quedará sin efecto el Registro de Operaciones de Importación de Petróleo Crudo y sus Derivados, que fue creado en marzo de este año para regular las compras al exterior de las empresas del sector.
La decisión se tomó por medio de un decreto del Ministerio de Energía, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El Ministerio justificó esta medida al señalar que de los fundamentos que determinaron la creación del Registro, «surge que se trata de una situación coyuntural, de carácter transitorio, hasta tanto los precios locales converjan con los precios internacionales«.
«Corresponde, por lo tanto, limitar la vigencia del mencionado Registro hasta el 31 de diciembre de 2017», añadió.
En consecuencia, desde el primero de enero de 2018 las petroleras estarán exentas de acceder a ese Registro para lograr la autorización de importaciones de aceites crudos de petróleo y de mineral bituminoso, las gasolinas y el gasoil.
Por otra parte, Energía dispuso que las autorizaciones para las exportaciones de gas natural serán emitidas por ese Ministerio «una vez evaluadas las solicitudes de conformidad con la normativa vigente».
Esta cartera será la encargada de aprobar «los acuerdos de exportación que impliquen la construcción de nuevas instalaciones y/o nuevas conexiones a los gasoductos, o el uso de cualquiera de los sistemas existentes, u otras alternativas de transporte», de acuerdo con el texto oficial.
La autorización podrá prever la exportación de excedentes de gas «siempre que estén sujetas a interrupción cuando existan problemas de abastecimiento interno», según el decreto.
Energía estableció -en otro orden pero en el mismo decreto- que los actos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) serán «de índole jurisdiccional y apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal», y en estos casos no será procedente el recurso de alzada.
Todas estas decisiones se vinculan con las «Buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de la normativa y sus regulaciones».
