El Gobierno enviará al Congreso una reforma de la Ley de Salud Mental argentina
Desde el oficialismo plantean que la iniciativa apuntará a modificar aspectos centrales del marco normativo actual con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema, frente a situaciones de urgencia y riesgo. En cambio, organizaciones y familiares advierten sobre los riesgos de retroceder en un enfoque de derechos humanos.
El Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, vigente desde 2010, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante las problemáticas actuales, según anunciaron fuentes oficiales este martes.
«En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental», adelantó el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en un mensaje de la red social X, sin precisar detalles del texto.
Según adelantaron fuentes oficiales, la iniciativa apuntará a modificar aspectos centrales del marco normativo actual con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema” frente a situaciones de urgencia y riesgo. Sin embargo, el anuncio generó reacciones inmediatas y volvió a poner en escena un debate de fondo, cómo equilibrar el respeto por los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales con la necesidad de garantizar atención oportuna, acompañamiento continuo y protección en casos críticos.
La Ley 26.657 representó, en su momento, un cambio de paradigma. Reemplazó el enfoque tutelar y el modelo de encierro por uno basado en derechos, con eje en la atención comunitaria, la presunción de capacidad de las personas y la internación como último recurso terapéutico. También incorporó a las adicciones dentro de las políticas de salud mental e impulsó la desmanicomialización progresiva, promoviendo el cierre de hospitales psiquiátricos monovalentes y su sustitución por dispositivos alternativos.
Entre los puntos principales, que plantea el nuevo proyecto, propone reemplazar el término “padecimiento mental” por la clasificación internacional de trastornos mentales o del comportamiento, con el fin de precisar diagnósticos y criterios de intervención, según fuentes del Ministerio de Salud.
En casos excepcionales, un psiquiatra podrá indicar un ingreso involuntario cuando exista riesgo para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas y notificada a la Justicia en un plazo de 24 horas.
El anuncio se da además, en un contexto de creciente visibilidad del tema en la agenda pública. Casos resonantes, reclamos de familiares y proyectos legislativos vinculados a la declaración de emergencias en salud mental en distintas jurisdicciones volvieron a exponer las falencias estructurales del sistema y la fragmentación de las respuestas estatales.
Del otro lado, organizaciones de derechos humanos, colectivos de usuarios y trabajadores del sector alertan sobre el riesgo de que una eventual reforma implique un retroceso respecto del enfoque de derechos consagrado en la ley vigente. Advierten que flexibilizar criterios de internación o reforzar lógicas de control sin fortalecer previamente la red de atención comunitaria podría profundizar la exclusión y la estigmatización de las personas con padecimientos mentales.
La discusión no se limita a una cuestión técnica o sanitaria, sino que involucra definiciones profundas sobre el rol del Estado, el modelo de atención, la asignación de recursos y la concepción misma de la salud mental como un derecho humano.
Por su parte, la reforma buscará garantizar cobertura en todo el país y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, creado por la ley vigente para proteger los derechos de los pacientes de salud mental.
Mientras se aguardan precisiones sobre el contenido del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo, distintos actores anticipan que reclamarán un debate amplio, con participación de especialistas, trabajadores, organizaciones sociales, familiares y usuarios del sistema. El desafío, coinciden, será avanzar en mejoras concretas sin desandar conquistas alcanzadas en materia de derechos y garantías.