El Gobierno nacional anunció este viernes que le enviará una factura de 60 millones de pesos a las organizaciones sociales que participaron de la movilización del pasado 20 de diciembre en concepto de costos del operativo de seguridad desplegado en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y minutos más tarde quedó ratificada en un informe publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se detalla que este viernes el Ejecutivo dictó «una resolución a fin de establecer los parámetros para determinar los costos del operativo e intimar su resarcimiento por parte de las organizaciones involucradas».
En esa línea, confirmó que hay «una estimación aproximada de 60.000.000 millones de pesos (de gastos) por el dispositivo desplegado» en el marco del protocolo antipiquetes, que contempla «el consumo de combustibles y el promedio de horas/hombre».
Asimismo -y tal lo expuso el vocero presidencial en conferencia de prensa- enumeraron un listado de organizaciones que supuestamente participaron de la movilización y -en los conceptos del Gobierno nacional- deberán hacerse cargo de los costos del operativo.
Según el protocolo de orden público, se identificaron a 14 organizaciones sociales:
- El Polo Obrero
- Corriente Clasista y Combativa
- El Movimiento Evita
- La William Cook
- MTR 12 de abril
- Cuba MTR
- Libres del Sur
- Darío Santillan
- La Dignidad
- El Fol
- Barrios de Pie
- Torres
- El MTE
- Movimiento Patria Justa
Denuncias penales
El informe también señala que se efectuó la denuncia en Tribunales Federales por el supuesto delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales, presentación que cayó en el Juzgado de Sebastián Cassanello y la Fiscalía de Gerardo Pollicita.
«De 15.900 llamados al número 134 del Ministerio de Seguridad, se separaron 1.100 denuncias que encuadran en la tipología señalada, de las cuales se han clasificado, para adjuntar a la presentación realizada, 214 planillas de comunicaciones. En estas denuncias, los ciudadanos explican los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones tales como pedidos de dinero cada vez que cobran un plan; multas que llegan a los 8.000 pesos a quienes no concurren a los cortes de rutas por ellos convocados; amenaza de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia a estos eventos», expusieron desde la cartera que conduce Bullrich.
En dicho documento, apunta que «se han listado, hasta el momento, 32 personas, entre las denunciadas al sistema 134, con nombre y apellido, que son los presuntos autores de los delitos descriptos».
Dentro de esas conclusiones provisorias que enumeró el Gobierno, también se destaca que desarrollaron «un proceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública, en violación al artículo 194 del Código Penal, de las que ya se identificaron 35», aunque -aclaran- «aun faltan verificar varias de las cámaras».
«Todavía se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social, a fin de proceder de acuerdo con las normas del Ministerio de Capital Humano», añadió el informe difundido este viernes.
El anuncio de Adorni:
