Integrantes del Movimiento Sindical Rosarino recibieron este viernes en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza al gobernador Miguel Lifschitz para debatir los alcances del proyecto de Reforma Constitucional remitido el lunes 15 de abril a la Cámara de Diputados de la provincia para su aprobación.

Entre las aristas que conforman la reforma, se encuentra la provincialización de la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Provinciales; como así también la caja de Jubilaciones, volviéndose intransferible.

El panel que se llevó a cabo este viernes, estuvo encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz y acompañado por el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, Alberto Botto; el Secretario de Cultura de la Bancaria a nivel nacional, Matías Layus y el Secretario General de Obras Sanitarias, Oscar Barrionuevo.

«Queremos que el poder ejecutivo apruebe la reforma para que la Epe y Aguas sean intocables, que esté en manos del estado provincial. Somos solidarios con la sociedad y con los compañeros que pertenecen a obras sanitarias que la pasaron muy mal y no queremos volver a pasarlo. Si es necesario haremos un plan de lucha, pero si lo podemos hacer con una reforma constitucional es mucho mas importante», expresó Barrionuevo en diálogo con Conclusión.

Por su parte, el representante de Luz y Fuerza se mostró a favor a de la reforma remarcando la importancia del acceso «para todos los ciudadanos».

«Siempre tratamos de lograr y nunca se pudo fue darle un rango constitucional a la Epe porque el acceso a la energía eléctrica es un se

rvicio básico escencial, así que esta situación nos pone en posición de aprobar esta reforma y a partir de ahí que se concrete con un estado presente, porque cuando eso falla da lugar a negociados como ya ocurrió en la década del 90 cuando se privatizaron las empresas y eso hace que un derecho se transforme en un negocio», pronunció Botto.

Con respecto a la provincialización de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, desde la Bancaria consideraron «necesario» que en la Constitución «quede asentado como garantía para el futuro de los trabajadores». «Quienes aportan a la provincia deben tener asegurado sus jubilaciones en esta caja, es un derecho adquirido», señaló su representante a nivel local, Matías Layus.

A la vez que manifestó que el gobierno nacional «pretende una armonización de la Caja de Jubilaciones de la provincia» y aseguró: «La intencionalidad del gobierno nacional pasa por tener un sistema previsional desfinanciando retrotrayéndonos como fue el de las AFJP».

Lifschitz criticó hoy la reunión de Macri con gobernadores y dijo que ve “similitudes con el 2001

El gobernador de Santa Fe criticó hoy con dureza al Gobierno, al afirmar que la reunión del presidente Mauricio Macri con gobernadores peronistas «fue para repartir el costo político de haber vuelto al FMI» y advirtió en el momento económico que vive el país «hay similitudes con el 2001».

«La reunión con gobernadores de ayer (por el jueves) también fue para repartir el costo político de haber vuelto al FMI. El diálogo es positivo cuando hay autocrítica y se escuchan otras opiniones, pero en este caso fue para ratificar una posición», disparó el mandatario socialista.

Lifschitz fue particularmente crítico de haber recurrido al auxilio del FMI y consideró que «de aquí a unos meses» el Gobierno va a tener «que volver a ir a pedirle 30.000 millones de dólares» al organismo que dirige la francesa Christine Lagarde.

De esa forma, el santafesino se mostró más duro que sus colegas, peronistas, que se reunieron en Olivos con el Presidente, quienes no cuestionaron en público el acuerdo que se busca con el FMI, aunque -según se supo- plantearon sus advertencias al jefe de Estado.

«Hay una sucesión de situaciones que nos traen recuerdos a otros momentos de la historia argentina. Nos inducen a pensar que no vamos en el mejor camino. Vemos con preocupación lo que pasa en el país. Hay similitudes con el 2001», evaluó el gobernador de Santa Fe en declaraciones a FM La Patriada.

Y agregó: «De aquí a unos meses vamos a tener que volver a ir a pedirle 30.000 millones de dólares al FMI».

A su vez, se quejó de que en el gobierno de Macri «hay una decisión de traspasar el costo político de los tarifazos a las provincias».

Sostuvo además que «en Santa Fe se nota el disgusto con el Gobierno nacional» y planteó que «la gente puede aceptar sacrificios si ve la luz al final del túnel, pero en el último tiempo se ve mucha gente decepcionada».

«El Gobierno muestra puntos débiles en lo que respecta a la ética republicana. Va a pagar un costo porque hizo alarde de virtudes y sus irregularidades se notan mucho más», agregó.

Por último, Lifschitz dijo que «hay muy poca obra pública en Santa Fe» y lamentó que «las que estaban previstas están paradas».