El oficialismo consiguió quorum en Diputados y espera aprobar la reforma en la Ley de Glaciares
Con la presencia de los santafesinos Núñez y Scaglia de Provincias Unidas en sus bancas, el Gobierno logró la cantidad de legisladores necesarios para comenzar la sesión para convertir en ley modificaciones que redefinen la protección de las reservas de agua dulce. La oposición denuncia un avance sobre ecosistemas frágiles y prepara una fuerte ofensiva en el recinto.
En una jornada que se prevé de alta tensión política y ambiental, el oficialismo llevó este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. Tras obtener dictamen en un plenario de comisiones marcado por la presencia de funcionarios y mandatarios provinciales alineados con la actividad extractiva, el Gobierno confía en alcanzar una mayoría de entre 135 y 140 votos para sancionar la iniciativa.
El proyecto, redactado por el denominado Consejo de Mayo, propone una modificación estructural de la Ley 26.639. El cambio más sensible radica en la redefinición del objeto de protección: la nueva normativa limitaría el amparo legal únicamente a aquellos glaciares y geoformas del ambiente periglacial que «cumplan funciones hídricas» efectivas como reservas de agua. Esta distinción es cuestionada por especialistas, ya que supedita la preservación a criterios de «uso racional» bajo el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la transferencia de facultades a los Estados provinciales. Según el texto, la verificación de si un glaciar cumple o no con una función hídrica dependerá exclusivamente de la autoridad ambiental de cada provincia. Esta información será luego remitida al IANIGLA para actualizar el Inventario Nacional de Glaciares.
El impulso a esta ley cuenta con el apoyo explícito de gobernadores de provincias mineras, como Marcelo Orrego de San Juan, quien defendió la postura oficialista asegurando que “sin minería no va a haber futuro” y que la actividad puede ser «sustentable». Por su parte, el secretario de Minería, Luis Lucero, negó ante los diputados que los cambios pongan en riesgo el acceso al agua, tildando de «instalación del miedo» las advertencias de los sectores opositores y ambientales.
Un recinto atravesado por el conflicto
A pesar del optimismo oficialista, la sesión no será sencilla. Los bloques de la oposición, que presentaron tres dictámenes de minoría (Unión por la Patria, Provincias Unidas y un proyecto individual de Maximiliano Ferraro), planean una ofensiva inicial centrada en cuestiones de privilegio y pedidos de interpelación por temas de coyuntura, como el caso Adorni.
Asimismo, se espera un duro debate sobre el régimen de prohibiciones. Si bien el texto mantiene la restricción de actividades mineras e hidrocarburíferas en glaciares protegidos, deja en manos de las evaluaciones de impacto ambiental provinciales la determinación de qué proyectos alteran «de manera relevante» la condición natural de estas reservas.
Mientras el Gobierno busca una victoria legislativa que le devuelva la iniciativa política, las organizaciones socioambientales permanecen en alerta ante lo que consideran una desprotección de ecosistemas clave frente al avance de la frontera extractiva en la cordillera argentina.