El oficialismo de la Cámara de Diputados logró dictamen exprés del proyecto denominado Ley Hojarasca

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados pasaron a la firma del proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como Ley Hojarasca. Funcionarios del gobierno expresaron que se trata de “un ordenamiento jurídico para la certeza de los ciudadanos, la administración pública y la libertad de los argentinos”.

Impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, el proyecto que busca derogar más de 70 leyes consideradas obsoletas, ineficientes o restrictivas. El objetivo es «simplificar» el marco normativo, eliminar «capas geológicas» de regulaciones innecesarias y reducir la burocracia estatal.

El dictamen de mayoría fue avalado por La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical y también fue acompañado por los misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa de Innovación Federal. En tanto que Unión por la Patria, presentó un segundo dictamen de minoría con la firma de los 23 vocales presentes y el interbloque Unidos elevó el propio con 4 firmas que fueron de la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

En ese marco, expusieron ante los legisladores dos funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la norma: Alejandro Cacace, Secretario de Desregulación, y Maximiliano Matías Fariña, Secretario de la Transformación del Estado y Función Pública.

En primer lugar, Cacace sostuvo que “es importante centrarnos en el tema de derogación de legislación obsoleta porque parte del objetivo que se busca es el del ordenamiento normativo”.

“Así como es conocido que nosotros tenemos, o hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria, también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación legislativa, es decir, las normas se han ido multiplicando en el tiempo al punto que, si contabilizamos entre leyes, decretos, resoluciones ministeriales, ya llegamos a contar un millón de normas”, argumentó el Secretario de Desregulación.

De este modo, Cacace argumentó que “desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo”. “El primer costo es para el ciudadano. Yo recuerdo cuando fui a la Facultad de Derecho lo primero que aprendí era que el derecho se presumía conocido por todos. Bueno, imagínense que con un millón de normas es imposible para cualquier ciudadano saber qué norma le aplica”, dijo el funcionario.

Por su parte, el Secretario de la Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña explicó que “una de las cosas que realizamos al momento de iniciar con este proyecto fue trabajar en una metodología, porque la discusión era cómo tratar de establecer cuáles normas eran las que no estaban aplicándose, cuáles normas por ahí generaban una barrera burocrática y cuáles normas eran necesarias derogar”.

Fariña añadió que “se les dio intervención a los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo y se les hizo una consulta con respecto a la utilidad y a la necesidad de mantener o derogar las leyes que llegaron al proyecto que envió el Poder Ejecutivo”.

“Para un ordenamiento dentro de la clasificación, lo que se hizo fue establecer seis categorías, y dentro de esas seis categorías después se fueron encapsulando cada una de las leyes”, resumió el funcionario.

Desde la oposición el titular del Interbloque Unión por la Patria, Germán Martínez, acusaron al gobierno, de querer hacer pasar un Caballo de Troya, al señalar que «hay cosas serias que se están discutiendo, yo no sé si nosotros no estamos percatando. Vamos a profundizar un poquito. La ley de bienes culturales, tema no menor, mereció prácticamente dos años de análisis completo en ambas cámaras, mereció inclusive por parte de Elisa Carrió, una cantidad de críticas -dichas no solamente en las comisiones sino en el recinto de la Cámara de Diputados-  ¿qué era lo que había pasado ahí? En la segunda mitad de la década del 90, varios grupos de medios de comunicación empezaron a aprovechar los tratados recíprocos de inversión especialmente con los Estados Unidos para traer inversiones de ese país».

????️ CONCLUSIÓN BUENOS AIRES
El diputado nacional por Santa Fe y presidente del bloque @Diputados_UxP, @GermpMartinez expone en el debate

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— Conclusión (@ConclusionRos) April 21, 2026

«Nadie preveía en ese momento, que la Argentina iba a terminar en el crack de diciembre del 2001, que provocó, entre otras cosas, que el valor de los activos de esas empresas que tenían capitales extranjeros adentro, valiesen muchísimo menos lo que valían antes de la crisis. Entonces el riesgo de que estas acciones caigan en manos de fondos buitres y que esos fondos buitres se queden con empresas importantes de la Rep Argentina llevó al impulso de esta ley», explicó Martínez.

Para el jefe de la mayor bancada opositora, esa ley «era una especie de reaseguro, ese 30% de límite a la participación extranjera. Era un reaseguro de que no se iban a quedar con empresas estratégicas».