El proyecto para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores ingresó formalmente este viernes a la Cámara de Diputados, junto con los argumentos de la acusación y distintas alternativas para avanzar en la investigación, incluidas propuestas para la citación de varios testigos.
La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.
En torno al fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que «resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal».
«La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país», señala el texto.
En el texto, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».
«El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante», añade el documento.
Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea».
«Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada», señalan los diputados.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa en el plenario para impulsar la acusación ante el Senado.
