Enviado especial a Buenos Aires- El Senado nacional aprobó hoy con 48 votos afirmativos contra dos negativos el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que permite el aporte de empresas a las campañas políticas y su bancarización.
La Cámara alta aprobó la iniciativa en general, pero en la votación artículo por artículo, Cambiemos bloqueó la iniciativa del Bloque Justicialista para habilitar a las asociaciones sindicales como aportantes.
Por tratarse de una ley electoral, se requiere una mayoría de 37 votos para su aprobación y la bancada justicialista sólo consiguió 25.
En tanto, la bancada del Frente para la Victoria que lidera Cristina Kirchner se retiró de la sesión y no votó el proyecto.
A pesar que persistían las diferencias en torno al artículo que establece los aportes de los sindicatos a las campañas electorales, impulsado por el peronismo y rechazado por Cambiemos, en el inicio del debate, finalmente se aprobó la ley.
El justicialista Dalmacio Mera señaló: “Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados, sino la idea de dar transparencia y trazabilidad; de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde, y el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó”.
Por su parte la radical riojana Inés Brizuela y Doria expresó que se había «trabajado mucho para lograr consensos que nos permitan avanzar en mejorar el marco legal existente. El proyecto que vamos a votar hoy no es perfecto pero es fruto de mucho debate y trabajo”.
La tucumana Beatriz Mirkin, del peronismo, dijo a su turno: «No me voy contenta con que se apruebe esta ley porque es muy importante tener un muy buen sistema de control sobre el financiamiento de los partidos y no me parece que se vaya a lograr».
El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo a su turno que «cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública sobre quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública».
En tanto, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, consideró que «quizás no es la mejor ley, pero es el comienzo de un sistema que tiene que ser más transparente, estar bancarizado» y sostuvo que sin este sistema, los empresarios «terminan todos en la causa cuadernos, donde también se refleja lo que es el aporte ilegal».
Solanas y Odarda justificaron su voto en contra del proyecto al señalar que la habilitación para que las empresas puedan aportar significa «la privatización de la política» y afirmar que «a la democracia la tiene que financiar el pueblo: es la única forma de tener un país soberano e independiente».
El oficialista Ángel Rozas resumió la postura de Cambiemos en contra de los aportes electorales por parte de los sindicatos, al señalar que «el sindicalista no maneja fondos propios, sino de los afiliados».
Esto fue rechazado, entre otros, por el justicialista Mario Pais, quien subrayó que «las empresas tienen accionistas en la Bolsa a los que no se va a consultar» a la hora de decidir a qué partido financiar.
«No puede ser que se legitime el aporte de quienes persiguen el fin de lucro y que no se les permita a aquellos que tienen la obligación constitucional de bregar por el mejoramiento de la legislación y de las condiciones sociales de los trabajadores», afirmó el senador chubutense.
A su turno, el misionero Maurice Closs afirmó: «Si la patronal puede aportar también se debiera permitir que el sector del trabajo lo haga».
