El Senado avanzó con las reformas en la Ley de Salud Mental: ¿qué cambios propone el gobierno de Milei?
El proyecto tuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General y la idea del oficialismo es tratarlo en el recinto la semana que viene. La Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) rechazó la iniciativa.
El Senado avanzó este jueves con las reformas de la Ley de Salud Mental (Nº 26.657): las comisiones Salud y Legislación General realizaron una reunión plenaria en donde le dieron dictamen al proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei que, entre otros cambios, flexibiliza las internaciones “involuntarias”, elimina a los manicomios, incorpora a las adicciones como enfermedades mentales y establece nuevas pautas para las altas médicas.
El oficialismo llegó al plenario de comisiones –el cual tuvo lugar a las 16 de este jueves en el Salón Azul del Palacio Legislativo– con el dictamen cocinado, gracias a consensos logrados con la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Movimiento por Misiones,y Moveré Santa Cruz. Con el proyecto avalado por las comisiones, La Libertad Avanza planea tratarlo en el recinto el jueves 22 de octubre.
Si bien se cosecharon apoyos políticos, los cambios que el Gobierno quería aplicar a la Ley de Salud Mental recibieron sustanciales modificaciones. Se trata de condiciones que los aliados de La Libertad Avanza y representantes de gobiernos provinciales negociaron para acompañar la iniciativa.
Los principales cambios que la iniciativa pone sobre la mesa son que las internaciones involuntarias puedan ser dispuestas por un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; también se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios; y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona se podrá tratar por ludopatía.
La Ley de Salud Mental está próxima a cumplir dieciséis años –se sancionó el 25 noviembre de 2010– y habilitaba las internaciones involuntarias en caso de “riesgo cierto e inminente”. Ahora, se busca que este tipo de intervenciones se autoricen cuando haya “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros.
También se reemplaza la expresión “padecimiento mental” por “afección o trastorno de salud mental”; se extiende de 10 a 24 horas el plazo para notificar la internación a la Justicia; y exige una evaluación interdisciplinaria antes del alta.
Rechazo de psicólogos
La Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina (Fepra) publicó un comunicado durante la mañana de este jueves –previo al plenario de comisiones del Senado–, en donde apuntó: “Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la propuesta de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto que circula genera una profunda preocupación, ya que pone en riesgo principios fundamentales de la ley vigente, como la interdisciplina, la desinstitucionalización, el abordaje comunitario y la superación de modelo manicomial”.
“Rechazamos especialmente cualquier modificación que implique un retroceso en el lugar que la ley reconoce a los psicólogos y psicólogas dentro de los equipos de salud. Defender nuestra participación en condiciones de igualdad no es una reivindicación corporativa, es defender el trabajo interdisciplinario, las prácticas integrales de atención y los derechos de las personas que requieren cuidados en salud mental”, continuó el comunicado.
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“No aceptamos retrocesos en derechos conquistados. No aceptamos el debilitamiento de los equipos interdisciplinarios ni el retorno a modelos de atención que vulneran la dignidad y la autonomía de las personas. La Ley Nacional de Salud Mental es una conquista colectiva que debe profundizarse, no desmantelarse. Cualquier reforma debe ampliar derechos, fortalecer las políticas públicas y garantizar una atención digna, integral y comunitaria”, detallaron los profesionales.
Y cerraron: “Instamos a los senadores de la Nación a que, en lugar de promover modificaciones que debiliten la Ley Nacional de Salud Mental, atiendan la crítica situación de nuestra población. La prioridad del Congreso debe ser garantizar el acceso a los ciudadano y la plena implementación de la ley vigente”.
La postura de los senadores
La senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, destacó que el proyecto “fue debatido por más de setenta expositores invitados por legisladores de distintos bloques”. Asimismo, manifestó: “Esta reforma no se construyó de espaldas a la sociedad, sino con las provincias y los senadores. No podemos seguir esperando que la situación se agrave. Esta reforma es para que ninguna familia se sienta sola, es por eso que necesitamos tratar este dictamen que se puso a circular”.
La senadora libertaria María Belén Montes de Oca apuntó que el tratamiento de esta iniciativa contó con “muchos invitados” y señaló: “Se pudo llegar a un consenso. El proyecto fue perfeccionado en varios aspectos de cómo llegó”.
Por otro lado, el senador justicialista Jorge Capitanich planteó diferir el tratamiento: “Debemos ver la magnitud de las reformas que se proponen. Esto requiere un amplísimo consenso de los gobernadores y los ministros de Salud de cada área y de la capacidad de financiamiento. También hay que remarcar el nivel de asignación de recursos humanos para una problemática compleja”.
A su turno, la senadora oficialista Patricia Bullrich expresó que la interpretación del dictamen estaba “cerca de lo que dice Capitanich”: “Estamos cambiando un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones, con situaciones de riesgo para ellas o terceras personas, con casos claros y resonantes”.
La ex ministra de Seguridad señaló que “hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos, es un avance respecto a la concepción del riesgo inminente que generalmente llega tarde”.
Luego, el senador de Convicción Federal Guillermo Andrada dijo que la ley vigente “no falló por sus principios, que son muy buenos, sino porque su implementación y su eficacia no se lograron realizar debido a que no hay recursos adecuados”.
Por otro lado, Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, acompañó el dictamen: “Creemos que las reformas que introducen resultan necesarias para mejorar la salud mental”.
Finalmente, la radical Gabriela Valenzuela expresó que acompañaba el proyecto en disidencia porque se sumó al reclamo de presupuesto. “Es necesario para que la ley pueda ser cumplida en su totalidad”, dijo.
¿Qué proponen cambiar en la ley?
• Se permiten las internaciones involuntarias “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. Esta situación podrá ser ordenada por un médico si hay una emergencia.
• Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla y se habilita poder realizar teleconsultas con un psiquiatra.
• La internación se comunicará a la Justicia, ya que antes se establecía que lo debía resolver un juez.
• Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación y tener una notificación con anticipación al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso.
• Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de enfermedad de salud mental.
• Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.
• Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias.
• Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.