El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acertó cuando recientemente señaló que las operaciones de «cambio de régimen» que se han desatado contra los gobiernos «progresistas» de Sudamérica constituyen un nuevo «Plan Cóndor», el cual emplea esta vez a «jueces sumisos, prensa corrupta y la judicialización de la política».
Correa se refería a las operaciones de «cambio de régimen» o «revoluciones de color» que se han desatado contra los gobiernos de Sudamérica aliados al grupo del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que viene forjando un nuevo orden económico centrado en el desarrollo. En la década de los 1970, la «Operación Cóndor» que lanzaron George Shultz y Henry Kissinger —así como el remedo que hizo Obama con el golpe de la plaza Maidan que dirigió Victoria Nuland en 2014 en Ucrania— utilizó las redes nazis que sobrevivieron a la victoria de los Aliados contra Hitler, bajo la protección del MI-6 británico y de la CIA de los hermanos Dulles, para instalar dictaduras militares que impusieron medidas económicas schachtianas (o sea, nazis) en toda Sudamérica, empezando con la sangrienta dictadura de Pinochet en Chile.
“Jueces sumisos”
«Ya no se necesitan dictaduras militares; se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta y la judicialización de la política», dijo Correa en una conferencia de prensa. En palabras del politólogo argentino Atilio Borón, «este nuevo Plan Cóndor no busca desaparecer a las personas, sino a la verdad».
Correa se refirió a la «muy seria» operación en contra de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff y del ex presidente Lula da Silva, a lo que se le viene haciendo a la ex presidente de Cristina Fernández de Kirchner, a los gobiernos de Bolivia y de Venezuela, y a su propio gobierno. Señaló que no sólo buscan «el regreso del neoliberalismo, no sólo aplastar a los seres humanos… tienen sed de venganza. No vienen solamente a derrumbar lo logrado sino a tratar de perseguir, masacrar, a los que osaron desafiar su poder».
El papel de Dilma
Dilma Rousseff habló de manera similar, en una reunión de tres horas en el despacho presidencial con cientos de abogados y jueces que han integrado el grupo «Juristas por la legalidad y en defensa de la democracia», en contra de las violaciones constitucionales que han llevado a cabo los jueces de la operación «manos limpias» a la brasileña que pretende destrozar el país.
El enjuiciamiento en su contra, señaló Rousseff, se está llevando a cabo como si Brasil fuese un sistema parlamentario, en el cual la sospecha política contra un presidente es condición suficiente para derrocarlo; «pero nosotros tenemos un sistema presidencial», dijo Rousseff, en el cual un Presidente solo puede ser llevado a juicio por delitos cometidos y probados debidamente. “Condenar a alguien por un delito que no cometió -agregó, es una injusticia brutal. Yo fui ya víctima de eso antes, durante la dictadura, y voy a pelear para no ser víctima otra vez, en plena democracia. Lo que está en marcha, es un golpe de Estado contra la democracia. Yo no voy a renunciar nunca. Los que piden mi renuncia tratan de esconder precisamente este golpe contra la democracia».
