La denuncia penal que el gobierno argentino realizó contra cinco empresas británicas por realizar actividades ilegales de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, será tramitada ante la justicia de Tierra del Fuego y, si prospera, podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales.
Así lo señaló el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien ayer recibió -en la sede de la Procuración- la denuncia de manos del secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y de la secretaria de Energí¬a, Mariana Matranga.
Gonella tomó contacto con el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, a quien le remitirá el expediente para que curse la denuncia ante el juzgado federal de Río Grande, por la jurisdicción que tiene la provincia de Tierra del Fuego sobre el territorio de las Islas Malvinas.
A partir de ahí, se abre el proceso judicial que podría tomar dos caminos: el juez federal puede iniciar la investigación o delegarla a la fiscalía interviniente para que inicie la investigación que podría derivar en solicitud de declaraciones indagatorias y hasta pedidos de captura internacional.
«Como las empresas que se denuncian son extranjeras, se abre un gran abanico, ya que habría que requerir cooperación internacional, intercambio de información con otros países y otro tipo de medidas», explicó Gonella.
La denuncia del gobierno argentino -realizada por la Cancillería y el ministerio de Planificación Federal- fue presentada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
Este grupo de empresas integran un consorcio que contrató una plataforma semi-sumergible que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas-, donde prevén perforar al menos seis pozos.
Gonella explicó hoy que, además del posible delito de extracción irregular de hidrocarburos, la presentación que hizo el gobierno nacional incluye eventuales denuncias de contrabando, ya que «para realizar la actividad de exploración y extracción se necesitan ingresar elementos propios para esa tarea, como tecnología, que deben estar sujetos a control aduanero argentino, y que no se realizó».
«El delito afecta intereses nacionales y tiene penas muy duras», advirtió el titular de la Procelac, quien precisó que hay mucha prueba recolectada en la presentación que hizo el gobierno y ahora habrá que ver si, para el juez, son suficientes.
Es que con la denuncia, se aplica por primera vez el texto reformado en 2013 de la ley de hidrocarburos, que prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.
La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y anticipa penas de hasta 15 años de prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así¬ como la prohibición de que personas y empresas puedan operar en Argentina.
«Cualquier persona que quiera realizar actividades de ese tipo necesita el consentimiento expreso del Estado argentino, que tiene la fuerza, no sólo la protección de las leyes nacionales. sino también la de los tratados internacionales», indicó.
Por su parte, el canciller Héctor Timerman, aseguró que el gobierno espera que la justicia condene a quien «usurpa y roba» en alusión a la exploración de petróleo en la zona de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.
Timerman, afirmó que la administración de Cristina Kirchner «espera que la justicia condene a quien usurpa y roba lo que esparte de las riquezas naturales de la Argentina», en declaraciones formuladas al finalizar la reunión de cancilleres realizadas en el hotel Sheraton de la ciudad de Panamá en el marco de la VII Cumbre
de las Américas.
En ese sentido, explicó que el Gobierno «inició acciones penales en defensa de la soberanía y de las riquezas naturales –de las Islas Malvinas- que le pertenecen al pueblo argentino».
Al respecto, el funcionario nacional consideró que «la exploración es una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas que impiden la exploración y explotación de zonas donde hay una disputa de soberanía» como es el caso de las Malvinas.
Asimismo, sostuvo que «esta política de exploración es digna de un país –Gran Bretaña- que cree que puede imponer una práctica colonialista en cualquier lugar a pesar de estar en el siglo XXI».
En el mismo sentido, la embajadora argentina ente el Reino Unido, Alicia Castro, consideró que «resulta paradójico que sea el Reino Unido quien protesta», cuando «lleva 50 años incumpliendo» la resolución de las Naciones Unidas que exhorta al diálogo entre ambos países por la disputa de soberanía de las Islas Malvinas.
Castro se refirió así a la citación que el ministerio de Relaciones Exteriores británico le hizo el miércoles en Lóndres, tras lo cual la cancillería argentina hizo lo propio con el embajador inglés en Buenos Aires, John Freeman.
«Lo que le dije al subsecretario (de la cancillería británica Simon) Fraser, que me intentaba amonestar, es que resulta paradójico que sea el Reino Unido quien protesta, mientras lleva 50 años incumpliendo la resolución de las Naciones Unidas, y 40 subsiguientes que exhortan a ambas partes a resolver la controversia por la vía diplomática», dijo Castro.
Para Castro, el gobierno británico «no tiene una respuesta frente a estas cuestiones tan flagrantes de incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, de las cuales el Reino Unido son parte».
Las cuestiones que estuvieron presentes en las reuniones con ambos embajadores son tres: el espionaje que el gobierno británico hizo sobre el argentino, según las revelaciones del ex agente de la CIA, Edward Snowden; la denuncia penal del gobierno argentino sobre las petroleras que están explorando ilegalmente cerca de las islas y el anuncio del aumento del presupuesto militar británico para el archipiélago.
Por su lado, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, advirtió que el primer ministro británico, David Cameron, «utiliza» la cuestión de las Islas Malvinas para su campaña electoral.
«Para nosotros claramente la utilización de un tema tan caro, para la política interna británica es algo con lo que no estamos de acuerdo», enfatizó Filmus, al referirse a la situación interna de Gran Bretaña.
«No se van a llevar la riqueza de los 40 millones de Argentinos y para eso esta la legislación argentina y la internacional», enfatizó.
En declaraciones a Radio Nacional señaló que «Argentina va a aplicar todo el peso de la ley» y advirtió: «todos sabemos que argentina no es una amenaza».
