A casi un año de haberlo lanzado como un plan para avanzar hacia la «pobreza cero», el gobierno nacional le bajó la persiana al polémico acuerdo con la firma Arcos Dorados, para que la cadena de comidas rápidas McDonald’s contrate a jóvenes desocupados y en situación de vulnerabilidad.
El motivo del fracaso fue que de los 5 mil postulantes previstos, solo se inscribieron 700. Razones sobraban, una de ellas fue que el sueldo que se les ofrecía era de 4.500 pesos, una cifra por debajo de la línea de indigencia.
El convenio había sido lanzado con bombos y platillos a mediados de mayo del año pasado. Se lo había promovido como una de las iniciativas para alcanzar el objetivo de la pobreza cero y como uno de los “brotes verdes” en materia de creación de puestos de trabajo.
Marcada desproporción
El plan consistía en la incorporación de jóvenes de escasos recursos económicos y desocupados, comprendidos entre los 18 y los 35 años, para trabajar durante 30 horas semanales por $ 4.500. De esa cantidad, mil pesos los iba a aportar el Gobierno nacional. Tenían, además, una cobertura de salud provista por la obra social Elevar, y se les entregaba un certificado de entrenamiento laboral.
La polémica surgió porque ese plan con el que se pretendía avanzar hacia la pobreza cero tenía un salario no solo por debajo del mínimo vital y móvil, sino que era la mitad de lo que un trabajador necesita para no caer en la indigencia. Esto, sumado a la desproporción entre la paga y la cantidad de horas de trabajo, hablaba a las claras de una situación de precarización de los jóvenes empleados
Por este motivo, las diputadas Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila De Ponti, y el secretario de Juventud de la CTA, Matías Zalduendo, habían presentado un amparo para que se mejorasen las condiciones de contratación. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la demanda y determinó que el convenio entre el Gobierno y la cadena de comidas violaba “el derecho internacional y la propia Constitución nacional” en materia de derechos laborales, así como también ponía en riesgo “los derechos de los jóvenes en situación de vulnerabilidad”.
Aún en este contexto, el acuerdo seguía vigente. De hecho, lo que ordenaba el fallo era su revisión. No lo anulaba. Más allá de esto, la iniciativa no prosperó y la cartera laboral no la renovará.
