El Gobierno de Mauricio Macri, con el aval del gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, se encuentra instalando una base militar en La Quiaca con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Este despliegue desproporcionado viola las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional, rompiendo el pacto político-social desde el retorno a la democracia.
El actual despliegue militar obedece al acuerdo que firmó el Gobierno Nacional en noviembre del año 2016 con la Guardia Nacional de Georgia, perteneciente al ejército de Estados Unidos. El mismo incluye la subordinación del gobierno y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas argentinas a los objetivos y al mando del ejército estadounidense.
Además, establece la instalación de bases militares encubiertas en áreas de recursos naturales estratégicos como Neuquén, Misiones y Jujuy, que bajo la subordinación antes mencionada favorece a la diplomacia estadounidense para coercionar sobre el actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos.
Por último, habilita en territorio nacional escenarios de intimidación militar y abre la posibilidad de incursiones del Ejército Argentino bajo mando extranjero en agresiones a países Sudamericanos.
En este contexto, durante el próximo 17 de agosto, aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, Macri pretende realizar un acto militar en la pequeña localidad de Yavi Chico, literalmente sobre la frontera con Bolivia. El acto constituye una provocación hacia este país y un insulto a la memoria del padre de la patria, dado que las políticas de este Gobierno representan todo lo contrario a sus ideales de hermandad entre los pueblos sudamericanos y liberación del yugo colonial.
Antecedentes de militarizaciones que preocupan
Suele ser una especialidad de las políticas neoliberales militarizar las calles, encontrando en la figura del “enemigo interno” una excusa perfecta para llevarla adelante. Podemos referenciar los casos de México, Colombia y Brasil, entre otros, países en donde el narcotráfico y la necesidad de lograr la “paz interior” fueron el chivo expiatorio para darle un poder prácticamente absoluto a las fuerzas armadas.
La decisión de iniciar un «combate frontal» a las organizaciones encargadas del tráfico de drogas en México fue anunciada públicamente a fines de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón acababa de asumir la presidencia de la República Mexicana. La tortura generalizada como método de investigación, desapariciones forzadas derivadas de la muerte por tortura, sumado al avance de la impunidad en casos que involucran a militares, se convirtieron en una constante aterradora.
Datos oficiales hablan de más de 33.000 desaparecidos, si bien organismos de derechos humanos se animan a doblegar la cifra. Más de 150.000 asesinatos, los cuales incluyen a líderes políticos y sociales, estudiantes y activistas. Es por ello que la excusa de acabar con el narcotráfico ha servido de manera espeluznante para disciplinar todo aquello que se interponga a las políticas antes mencionadas.
La militarización en Colombia y el papel de Estados Unidos
Colombia tiene uno de los conflictos armados internos más antiguos de todo el mundo; es el país con máyor ayuda militar estadounidense en el hemisferio; además, tiene diferentes actores armados dentro de la confrontación, como son las guerrillas del ELN y las FARC, los paramilitares y las fuerzas militares, de Policía y diferentes cuerpos de seguridad del Estado.
Paralelamente, cuenta con una inmensa diversidad de recursos naturales, por la cual es un punto estratégico para los intereses trasnacionales; su ubicación es importante desde el punto de vista político militar, ya que es la entrada a Latinoamérica. Sumado a esto, la mayoría de los medios masivos de comunicación son empresas cuyos dueños son los hombres más ricos y poderosos del país, que tienen como función servir a los intereses del poder económico.
En Brasil, Temer le dejó el control absoluto de Río de Janeiro a las fuerzas armadas, algo que reavivó el viejo y deleznable fantasma de la feroz dictadura del país hermano. Si bien Temer dejó en claro que los militares usarán la fuerza letal cuando se justifique, hay dudas sobre quién controlará la actuación de los soldados, dado que las fuerzas armadas solo responden ante tribunales militares.
Para añadir más leña al fuego, el general en jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, supo decir que pretende “garantías para poder actuar sin el riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad”, creada por Rousseff para esclarecer los crímenes de la dictadura.
Los ejemplos brindados no hacen otra cosa que reforzar la teoría de la peligrosidad de militarizar las calles de nuestro país bajo políticas liberales. El decreto 683/2018 de Defensa Nacional, establece que las FF.AA tengan la posibilidad de colaborar “en la seguridad interior” y con la lucha contra el terrorismo. Lo que se exteriorizó desde la verba del presidente Mauricio Macri ya se puede contemplar en algunos puntos del país, lo de La Quiaca así lo explicita.
Se puede trazar un paralalismo notable con el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) creado secretamente durante la presidencia de Arturo Frondizi el 14 de noviembre del 58 que se mantuvo vigente hasta el 1 de agosto del 61. El programa nació con el objetivo de poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal, otorgándole, a su vez, «una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los disturbios internos». Una semejanza inquietante que nos vuelve a interpelar como sociedad una vez más, por eso mismo es menester profundizar el debate las veces que sea necesario para no repetir esa parte oscura de la historia de nuestro país.
