Por Daniel Gerber*
En Estados Unidos, en el año 1932, una sociedad agobiada por los efectos de la Gran Depresión optó por un presidente: Franklin Delano Roosevelt. En sus cien primeros días al frente de la Casa Blanca puso en marcha el New Deal, un programa destinado a la reactivación económica, la generación de empleo y la reestructuración del sistema financiero. El Estado de Bienestar en sus inicios.
Entre aquellas primeras medidas, a menudo inexplorada, se encuentra la aprobación de la Enmienda XXI. Ésta derogaba la Ley Seca, que prohibía la producción y comercialización de alcohol desde 1920. El senador Volstead, que comandó la cruzada y le dio el apellido a la ley, sembró la ilusión de “cerrar las puertas del infierno” y cosechó su reverso, como ocurre frecuentemente con las ilusiones. Lo cierto es que la demanda de los ciudadanos norteamericanos fue satisfecha por organizaciones ilegales, con los enormes costos humanos que esto conlleva y con ganancias siderales para unos pocos. En otras palabras, la dinámica que hoy todos conocemos bajo la ambigua nominación de “narcotráfico”.
En tal situación crítica, el gobierno norteamericano realizó un gesto interesante, de apertura. Allí, donde radicaba el problema, también se hallaba una oportunidad: la regulación estatal del uso de sustancias ilegales, en esta historia, el etanol. Por un lado, buscó dar un giro en materia de salud pública; por el otro, encontró en la industria del alcohol un recurso de ingresos fiscales y de empleos para hacer frente a la urgencia.
Los parecidos no son casuales: una coyuntura similar se repite con la Depresión Mundial Actual. También así con las respuestas de los Estados occidentales, que no vacilan en intervenir con medidas excepcionales de corte keynesiano en la economía. De esta forma, en muchos países se comienza a hablar de un New Deal “de reconstrucción”.
Hace años que asistimos a una lenta y escalonada erosión del régimen prohibicionista de drogas ilícitas: mientras que Estados del Norte global avanzan hacia una regulación legal de sustancias psicoactivas, más que nada del cannabis para uso medicinal y para consumo personal, la mentada “guerra contra las drogas” va recogiendo sentencias de “causa perdida” alrededor de nuestra región. No es absurdo pensar la relación de esto último con la gradual transición de poder global en curso, que es difícil descifrar, más aún con la crisis pandémica que todos conocemos.
Entonces, esta tendencia progresiva se suma a la coyuntura de excepción. Tendencia y coyuntura, en el escenario contemporáneo, abren las puertas hacia una nueva política de drogas en Argentina. Lejos del infierno de Volstead, con los pies en la tierra.
*Daniel Gerber, miembro del GEPyC (Grupo de Estudios Penales y Criminológicos de la Facultad de Derecho, UNR), 23 de abril del 2020.
