Los consejeros de Sancor Cooperativas Unidas Limitada debatían esta mañana en la ciudad santafesina de Sunchales si aceptan o no los condicionamientos impuestos por el gobierno nacional para otorgarles la segunda parte del salvataje financiero, por unos 250 millones de pesos.

Los representantes se reunían en asamblea extraordinaria desde las 8.30 en la sede de Richieri 15, en Sunchales, con la expectativa de salir de allí con una respuesta para la administración de Mauricio Macri, que exige austeridad y transparencia en el manejo de los fondos.

La asamblea de asociados podría decidir la aplicación de un plan de ajuste sobre su plantel de trabajadores para cobrar el segundo tramo del paquete de ayuda financiera que ofrece el gobierno y posicionar mejor a la empresa para una posible venta o ingreso de un socio.

La cooperativa pagó parte de los sueldos adeudados y de los pasivos con los tamberos pero la producción continúa prácticamente frenada: hay buenas perspectivas de venta de la planta de Centeno, pero en otros casos no se ve otra salida que el cierre.

En el temario inicial de la Asamblea se destacaba lo relacionado al «Plan Sancor», que incluye los acuerdos con el gobierno y el gremio Atilra para destrabar la situación de ahogo económico y financiero.

Los asociados analizaban el Fideicomiso Financiero, aprobado por el Consejo de Administración el pasado 28 de marzo, y se aprestaban a ratificar las resoluciones recientemente adoptadas por parte de los diferentes actores de la cooperativa.

La idea de una venta de la empresa no convence a los asociados justamente porque Sancor es una cooperativa y como tal sus activos no pueden disponerse con facilidad, dado que se necesita de un consenso total de los integrantes.

Los consejeros analizaban la posibilidad de venderle el 10% de frescos a Vicentín por $250 millones mientras esperaban cobrar algo de la deuda que mantiene Venezuela, por alrededor de 37 millones de dólares.