“Inocencia Fiscal”: el Gobierno busca captar “dólares del colchón” con un nuevo proyecto de ley

En un intento por reactivar el ingreso de divisas y brindar lo que denominan «seguridad jurídica», el Gobierno nacional anunció que este jueves remitirá al Congreso de la Nación un segundo proyecto de ley bajo el nombre de Régimen de Inocencia Fiscal. La iniciativa surge tras el impacto político generado por el escándalo que involucró al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, situación que obligó a la administración central a ajustar los términos de la normativa para incentivar la adhesión de los contribuyentes.

El anuncio formal fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria María Ibarzabal Murphy, durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los ejes de la nueva propuesta. Según explicaron los funcionarios, la meta del Ejecutivo es que unos 170 mil millones de dólares que actualmente se encuentran fuera del circuito formal —popularmente conocidos como «dinero en el colchón»— se incorporen al sistema financiero.

Durante la presentación, Luis Caputo enfatizó la necesidad de movilizar los activos privados al señalar que “lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y para que haya mayor inversión, la contracara de la inversión es el ahorro”. En ese sentido, el titular de la cartera económica reconoció que “el ahorro está, solo que no está en el sistema financiero, está debajo de los colchones”, por lo que el objetivo es que ese capital “se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente”.

Asimismo, vinculó el éxito de la medida con la futura reducción de la presión tributaria: “Si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, tenemos un mayor superávit y eso nos permite bajar más rápidamente impuestos”.

Cambios en los topes y «seguridad jurídica»

A diferencia de la normativa vigente, este segundo proyecto introduce modificaciones específicas en los topes de ingresos y de patrimonio, buscando flexibilizar las condiciones para quienes opten por regularizar su situación fiscal. A pesar de estos ajustes técnicos, desde el Ministerio de Economía insistieron en que el «espíritu original» de la ley sancionada previamente por el Parlamento se mantiene inalterado.

El Gobierno fundamenta la necesidad de esta nueva ley en la búsqueda de «brindar mayor seguridad jurídica». Esta premisa se vuelve central en el discurso oficial para contrarrestar la desconfianza de los contribuyentes, en un contexto donde las internas y los ruidos políticos han dificultado la implementación efectiva de los regímenes de regularización de activos planteados desde el inicio de la gestión.

La llegada del proyecto al recinto este jueves marcará una nueva etapa en la relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo, donde el oficialismo deberá negociar los apoyos necesarios para una medida que apunta directamente a la base monetaria y la estabilidad financiera del país en el corto plazo.