La ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, se reunió ayer de forma online junto a la Federación de Inquilinos Nacional, donde se le fueron formuladas distintas propuestas orientadas a llevar tranquilidad a los 9 millones de inquilinos del país, que se encuentran en una complicada situación a raíz del aislamiento por el coronavirus.
Puntualmente, las organizaciones le pidieron a la ministra tres puntos básicos: que el Estado pague la deuda que los inquilinos acumularon en este tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar), que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados, que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto.
Ante esto, Bielsa expresó que va a analizar las medidas y se comprometió a dar una respuesta en los próximos días.
En ese sentido, desde la entidad que reúne a los inquilinos del país sostuvieron que entienden y acompañan “la decisión que se tomó en respecto el aislamiento”, pero a la vez creen “que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión”.
La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo», aseguraron.
Además, agregaron que «el alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia”, ya que “la emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo».
Estas fueron las medidas planteadas por los integrantes de la federación:
-Desendeudamiento: así como se subsidio a la mediana y pequeña empresa, hay que subsidiar a la economía informal para garantizar una vivienda. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.
-Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.
-Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas, y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.
-Organismo de control: debe existir un organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos, o para acceder a información oficial.
“Existen por lo menos 9 millones de personas que pagan alquiler en todo el país. Es urgente que -declaraciones juradas y cuenta bancaria mediante- el Estado abra un registro de personas que impagan alquileres con causa y transfiera directamente al locador el monto correspondiente. Asegurar que nadie quede sin techo, que no se llenen las calles del país con familias que no pueden cumplir sus obligaciones. La falta de empleo, la falta de ingresos, la crisis sanitaria, no puede cerrar los ojos a una realidad que todos conocemos: alquiler que no se paga es otra familia en la calle”, concluyeron desde la Federación de Inquilinos Nacional.
