El Frente Amplio Gremial (FAG), que nuclea a los principales sindicatos de trabajadores estatales de Jujuy, reiteró este jueves su pedido al gobernador Gerardo Morales para que reabra en forma «urgente» la mesa paritaria del segundo semestre del año y rechazaron el decreto que establece que no podrá prestar servicios el personal que no acredite al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
El decreto de Morales establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.
El FAG consideró “excesivo e intempestivo” el decreto de Morales y pidieron analizar otras alternativas.
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En cuanto al tema salarial, Susana Ustárez, secretaria general de la Asociación Provincial de Organismos de Control (Apoc), dijo que desde «hace dos meses y medio está suspendida la paritaria” y denunció también que “se paralizó el trabajo de comisiones para el blanqueo y conversión de adicionales, al igual que la actualización de las asignaciones familiares”.
De la obligatoriedad de la vacuna para los empleados públicos, Ustárez opinó que la disposición del Gobierno provincial «excede las normativas constitucionales del país, que deben abordarse en el Congreso”.
De todas maneras, aclaró que ve “loable” el objetivo de lograr la vacunación de la mayor parte de la sociedad», pero -remarcó- «en todo caso podría haberse llamado a los gremios para acompañar una medida al respecto, que no vulnere derechos».
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“Creemos que esto (por el decreto) es excesivo, intempestivo; queremos buscar un mecanismo para que los trabajadores que no deseen vacunarse puedan tener reconocido su derecho a trabajar”, apuntó la dirigente.
«Se pueden asignar horarios y grupos diferenciados, realizar testeos frecuentes”, entre otras alternativas, hasta “convocar a los gremios como herramienta de concientización”, pero no “castigar a los trabajadores por incumplir una obligatoriedad que encima no tiene entidad legal”, advirtió.
“En todos los lugares se está buscando incentivar la vacunación con otras herramientas, dando beneficios, pero esto de forzar no está pasando en ninguna parte del mundo”, concluyó Ustárez.
Antecedente
Algunos días atrás, había tenido lugar otra movilización en reclamo por la medida que impuso la vacunación obligatoria en la provincia norteña.
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Luego de concretada, el secretario de Gobierno de Jujuy, Diego Rotela, había rechazado la postura de «un minúsculo grupo» de personas que se movilizó en el centro de la capital provincial con el objetivo de «plantear la inconstitucionalidad» de la vacunación y remarcó que «la obligatoriedad de las vacunas está establecida en una ley nacional».
En declaraciones oficiales, el funcionario sostuvo que «mienten cuando plantean la inconstitucionalidad, ya que la obligatoriedad de las vacunas está establecida en la Ley 27.491, porque entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva; cuando mencionamos a la salud pública, se entiende que hay una prevalencia de la salud por sobre el interés particular y además declara de Interés Nacional a la vacunación».
La marcha se realizó un día después de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunciara la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial a través del Decreto Acuerdo 3768, al que invitó a adherir a la actividad privada en general, lo mismo que a los municipios y a los Poderes Legislativo y Judicial.
