La Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó en $16.314.358.568 su previsión de gastos para el período 2020, a través de la Acordada 24/19 firmada por todos sus miembros.

En la Acordada se aclaró que se trata de los requerimientos básicos que se refieren a aspectos físicos financieros de las distintas áreas que la integran, teniendo en cuenta una planta de personal de 4.732 cargos.

A mediados de agosto el Consejo de la Magistratura de la Nación elaboró el “anteproyecto” presupuestario para el próximo período, con una previsión de gastos de $ 61.142.305.779 y una planta de personal con 24.440 agentes.

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“Se han realizado las previsiones de gastos teniendo en cuenta la proyección estimada de recursos” y “de manera prudente y moderada”, consignó la Acordada firmada el lunes pasado, previo al último acuerdo habitual que celebró la Corte Suprema.

El documento destacó que los “techos presupuestarios” que le comunicó el Ministerio de Hacienda de la Nación “resultan insuficientes” para cubrir las “necesidades mínimas” de la Corte, y actuar con eficiencia para afrontar los valores “impostergables que aseguren el accionar de la justicia”.

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“Para las necesidades de bienes de consumo servicios no personales se ha tenido en consideración la incidencia del aumento en el nivel general de precios la atención de gastos correspondientes al proceso de mejora en la gestión judicial”, marcó la Acordada.

Acordada 24/19

“Se han incluido los montos necesarios para realizar inversiones en materia de equipamiento, base de datos, programas, sistemas”, así como “el reacondicionamiento, restauración, reciclado, mantenimiento y ampliación de la infraestructura existente, además de continuar con el plan de preservación adecuación del Palacio de Justicia de la Nación, considerado monumento histórico nacional mediante”, agregó.

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Tal como también lo había pedido el Consejo de la Magistratura en el “anteproyecto” presentado hace un mes y medio, el máximo tribunal consideró que “corresponde requerir la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al presupuesto” de la Corte, “toda vez que los mismos resultan indispensables para el cumplimiento de la indelegable misión de administrar justicia”.

Firmaron la acordada de la Corte Suprema su presidente Carlos Rosenkrantz, la vice Elena Highton, los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y el secretario general de Administración, Héctor Daniel Marchi.