La crisis por corrupción en Brasil vinculada a la empresa Petrobrás genera una situación preocupante para la región ya que es el principal socio económico de los países limítrofes. La detención del ex presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva generó una serie de repercusiones de distintos funcionarios, analistas y especialistas en política internacional.
La canciller Susana Malcorra afirmó hoy que le «cuesta creer» que una persona con la trayectoria del ex presidente brasileño Luiz Inácio da Silva «tenga que ver en una causa» como la que se le imputa, y dijo que «toda la realidad política económica de Brasil tiene un impacto muy fuerte» en la Argentina.
«El presidente Lula no solo fue líder de Brasil sino un líder mundial y referente. Que pase por estas cosas da mucha pena. Es una situación muy preocupante», sostuvo Malcorra, quien admitió que se enteró por un periodista de la noticia y la «tomó por sorpresa».
«Cuesta creer que una persona con su trayectoria tenga que ver en una causa» de corrupción, dijo.
En diálogo con la prensa, la canciller manifestó su interés en que «estas cosas se resuelvan rápido, (porque) mientras tanto tiñen la realidad de Brasil de manera negativa y afectan a una persona que tuvo un rol en el mundo y en el país muy importante».
Ante la posibilidad (aún lejana) de que la actual presidenta Dilma Rousseff sufra un juicio político (depende de una decisión que será votada en el Congreso del vecino país), Malcorra respondió: «No podemos opinar sobre cuestiones internas, sí es cierto que cualquier cosa que pase con Brasil tiene un impacto directo sobre la Argentina porque es nuestro principal socio, nuestras transacciones comerciales el 40% las tenemos con Brasil».
Sobre si un recrudecimiento de la situación política brasileña afectaría las chances de la negociación con la UE, Malcorra consideró que «no» porque ya «hay decisión tomada en Brasil de avanzar en este sentido, se ha armado una propuesta y se debe avanzar porque tenemos que tener mayores oportunidades de negocios», y recordó que lo que se espera es en las próximas semanas el «intercambio de ofertas iniciales para trabajar luego en negociación de detalles».
Por otra parte analistas de Brasil coinciden en que la detención de Lula fue “política y arbitraria”.
Varios analistas y especialistas de Brasil consideraron que la acción policial en la que se llevó de manera coercitiva a declarar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sospechas de corrupción fue “política, arbitraria” y hasta “excesiva”, y cuestionaron el curso de las investigaciones por el caso Petrobras, aunque coincidieron en la necesidad de que la Justicia avance.
“Es claro que desde hace mucho tiempo la Operación Lava Jato (como le llaman a los operativos derivados por la corrupción en Petrobras) tiene como objetivo derrumbar al Partido de los Trabajadores del poder”, señaló el profesor Sócrates Magno Torres, uno de los fundadores de Raiz, organización desprendida del partido REDE de la ambientalista Marina Silva.
Para el académico paulista, lo que está sucediendo con cada fase de este operativo refleja una «justicia selectiva” que se resume hoy en “mucho más un acto político que judicial”. “Con lo que ocurrió hoy se intentó crear desgaste», aseguró.
En esa línea, remarcó que “la elección presidencial de 2018 que puede traer a Lula como candidato, es el gran objetivo ahora, justamente cuando no se está logrando avanzar con el juicio político contra Dilma Rousseff, y cuando se aprobó el proceso penal contra Eduardo Cunha, jefe de diputados acusado por corrupción”, señaló.
“La Operación Lava Jato que ahora comienza a investigar a Lula no respeta la Constitución desde el momento en que naturaliza la prisión preventiva y que mantiene a los acusados detenidos sin respeto al debido proceso legal”, señaló.
En cuanto a la prensa, advirtió que los medios crean una imagen “basada en el supuesto de que quien critique la Operación Lava Jato, está en contra de la lucha contra la corrupción en Brasil y eso es algo que no es cierto”. “No pueden, bajo la retórica de la lucha contra la corrupción, hacer caso omiso de los principios básicos y conquistados a duras penas, de un Estado Democrático de Derecho”, opinó.
“La falta de democratización de la justicia y los medios de comunicación en Brasil garantizan un exceso de poder de estos sectores y causan un daño real una vez que burlan garantías legales y democráticas previstas en la Constitución”, agregó.
Por otro lado, cuestionó que no se respete “la presunción de inocencia”, y que “sólo se investigue un campo político en particular dentro de la sociedad”.
Otro especialista que también interpretó la acción policial de hoy como un exceso fue Fernando Moretti, “es importante que se investigue todos los hechos de corrupción, incluso en lo que se refiere al ex presidente Lula, pero lo de hoy me parece es un exceso por parte del juez federal Sergio Moro, que lleva el caso Petrobras, y de la Policía Federal”, dijo.
En relación a las consecuencias de esta acción, Magno Torres vaticinó que “la inestabilidad política causa grandes pérdidas económicas” y que, además, crea un «fuerte clima de polarización para dividir a la población».
En tanto, líderes sudamericanas expresaron su “preocupación” y “solidaridad” con el ex presidente Lula. Los líderes del cono sur rechazaron el proceso judicial al que fue sometido el ex presidente brasileño Luiz Lula da Silva, obligado a presentarse a declarar por la fuerza pública en una causa por corrupción, a pesar de que no se había negado a comparecer ante el tribunal.
Por su parte la presidenta Dilma Rousseff, expresó su «no conformidad completa» debido a lo que calificó como «innecesaria» la intervención de la Policía Federal.
La presidenta dijo: «Quiero expresar mi insatisfacción completa con el hecho de que un ex presidente de la República, que en varias ocasiones, asistió voluntariamente a proporcionar información a las autoridades competentes, que ahora sea sometido a la acción coercitiva innecesaria para hacer una declaración».
Dilma dijo que no sólo garantiza la «autonomía» de los órganos de investigación, sino que también exige respeto «a los derechos de todos los investigados.» «La observancia de la Constitución es la única manera segura para el buen desempeño de las funciones públicas y el respeto de los derechos individuales. En mi gobierno, se garantiza la autonomía de los organismos responsables de la investigación de los actos de malversación y la corrupción, pero siempre exigió respeto a la ley y los derechos de todos los investigados «, dijo.
La presidente también dijo en un comunicado que las investigaciones deben continuar «castigo final a los que deben ser castigados».
Dilma también sostiene, que las medidas deben ser «proporcionadas» en las investigaciones a fin de que no se violen los derechos de los sospechados.
En la nota, todavía Dilma también dijo que debe haber un «profundo sentido de la responsabilidad» para que las investigaciones puedan continuar.
