Luego de cinco días de la realización de las PASO, la jueza federal con competencia electoral María Servini solicitó al veedor judicial informático un informe sobre el funcionamiento del software de la empresa Smartmatic, que estuvo a cargo del procesamiento de datos del escrutinio provisorio.
El Frente de Todos presentó, antes de las elecciones, un amparo en el que solicitó el apartamiento de la compañía a raíz de las fallas que registró el sistema en las pruebas previas a las elecciones primarias, que se sumaron a errores de conectividad registradas el domingo. Servini no tuvo en cuenta el amparo presentado por la fuerza opositora por la proximidad de los comicios, pero ahora retomó el tema y requirió un informe detallado.
Por otra parte, el veedor judicial informático es Juan Antonio Franchino, un ingeniero en sistemas que se desempeña como director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien estará a cargo de la elaboración del informe.
Por otra parte, el amparo presentado por Alberto Fernández pedía el “apartamiento inmediato de la empresa Smartmatic del proceso electoral en las PASO, en las generales y en la eventual segunda vuelta”. La preocupación del candidato presidencial era el escrutinio provisorio “que permite instalar un resultado que no es tal. Las fallas con Smartmatic son tremendas. Me temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso”, advertía antes de las PASO.
Sin embargo, desde la empresa Smartmatic, de origen venezolano y representada legalmente por Chandler Molina Colmenares difundieron datos sobre el escrutinio del domingo y marcaron la “efectividad” que permitió un “récord” para algunas provincias por la rapidez en el recuento. Aunque el domingo por la noche se registró una falla que no permitió a los fiscales informáticos visualizar la carga de datos.
Tampoco se conocieron los primeros datos hasta pasadas las 22.30, cuando el presidente Mauricio Macri salió a reconocer la derrota, pese a que Servini había determinado que los datos se debían difundir a partir del 10% escrutado de las mesas electorales de la Ciudad de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, luego de las 21.
En ese momento ya se había contabilizado cerca del 32% de los votos en la provincia de Buenos Aires aunque las pantallas todavía no mostraban los datos, lo que motivó varias especulaciones que ahora deberán ser explicadas en el informe del veedor.
Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había recordado que 2017, la única elección que organizó su espacio político, no había tenido denuncias por parte de la oposición y lamentó que “se hizo un deporte en Argentina respecto de cuestionar la legitimidad de las elecciones”. En esta oportunidad sí surgieron denuncias desde la oposición que deberán ser revisadas por la Justicia.
