La jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel absolvió a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala, por el delito de usurpación y abigeato (robo de ganado) impulsado por Benetton y la provincia de Chubut.

De esta manera, la magistrada rechazó el principal argumento utilizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para tildar de «comunidad terrorista de la RAM» a los mapuches. «Ellos siempre dijeron que no pertenecían a la RAM y no tengo motivos para no creerles», sostuvo Estefanía.

“El día que se detuvo a los integrantes de la comunidad (27 de mayo de 2016) no se les secuestró teléfonos ni vestimenta para compararlas con las fotos del día de ingreso al campo, se imputaron personas a las que luego no se le realizó acusación formal, las autoridades policías y el MPF primero hablaron de violencia y luego sostuvieron que desde la comunidad había disponibilidad al diálogo; no se pudo probar si hubo robo de ganado, no se ofrecieron pruebas para entender cómo pudo haberse cometido ese delito. Y a modo de reflexión digo lo siguiente: advierto sobre posibles violaciones a pactos internacionales (por cómo se llevó adelante el conflicto), sostuvo la jueza.

Estefanía también ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una investigación por mal desempeño contra el primer impulsor de la denuncia contra la Pu Lof, el fiscal Oscar Oro. Además, pidió que se conforme una mesa de diálogo para que el Estado resuelva junto a todas las partes involucradas la cuestión territorial para esta comunidad originaria.

En octubre de 2016 ya se había conformado una mesa de estas características, pero el gobernador Mario Das Neves la clausuró unilaterlamente. Ante estos antecedentes, la jueza dio un plazo de 90 días para que le acerquen los primeros informes de esta nueva negociación.

Según informó el periodista Sebastián Premici en Página12, durante las audiencias del juicio fueron varios los testigos de la policía de Chubut quienes confesaron que recibían presiones directamente de “La Compañía” (Benetton) para avanzar contra la comunidad. El comisario de El Maitén, Víctor Osvaldo Veloso, declaró que “se había sentido presionado por La Compañía para hacer cosas ilegales”. Cuando le repreguntaron “de qué cosas hablaba”, el agente insinuó los pedidos de la empresa para detener a Jones Huala “bajo distintos métodos”.

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, utilizó esta causa en su informe sobre la RAM presentado en diciembre de 2017 junto a Mariano Arcioni, Omar Gutiérrez y Jorge Weretilnek, gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro, respectivamente. De las 96 causas vinculadas a la RAM difundidas en el informe, 84 eran NN. Es decir, no tenían autores identificados. Del conjunto de denuncias, 18 estaban relacionadas directamente a la Pu Lof en Resistencia Cushamen, que es el territorio donde desapareció y murió Santiago Maldonado.

En su sentencia, leída durante cuatro horas, la jueza Estefanía sostuvo que no había elementos para hablar de la RAM, que los integrantes de la Pu Lof siempre rechazaron ser de esa organización y que incluso se habían armado más de 50 legajos de investigación paralelos para acusarlos. Por eso solicitó que también sea investigado el fiscal Oscar Oro.

El genocidio ocurrido durante la conocida Campaña del Desierto y el derecho que tienen los pueblos originarios para reclamar sus territorios ancestrales, fueron el eje final de la exposición de la magistrada.