El fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta citó hoy a prestar declaración informativa al ex gobernador Daniel Scioli en la causa que investiga un supuesto “lavado de activos”, entre otros delitos, y por el que fue denunciado por la diputada nacional Elisa Carrió, mientras imputó a otros ex funcionarios del gobierno provincial por presunta administración fraudulenta, informó una fuente judicial.
El fiscal citó también, pero en este caso a prestar declaración indagatoria, al ex ministro de Desarrollo Social y titular del programa Soluciones Ya, Eduardo Aparicio, en una causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en la creación y manejo de fondos de cooperativas de trabajo.
Según las resoluciones a las que tuvo acceso Télam, Scioli fue citado para el próximo 16 de marzo a las 11 a prestar declaración informativa por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.
La causa se inició a partir de una denuncia que radicó la diputada nacional Elisa Carrió y por la que fueron procesados el ex Jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez y el ex subsecretario Administrativo de esa dependencia, Walter Carbone.
Para la diputada, el ex gobernador bonaerense «habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial».
Entre ellos citó la empresa estatal de aguas y cloacas Absa y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y «la presunta ‘contratación fraudulenta de personal’ en la construcción del Puerto La Plata, y supuestas maniobras de ‘estafas y sobreprecios’ en la obra social IOMA»,
Al dictar el procesamiento de Pérez, el fiscal sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas.”
Esta maniobra, sostiene la resolución, “pudo concretarse, por la participación necesaria de la directora general de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, quién emitió las órdenes de pago en efectivo y luego aprobó las rendiciones efectuadas por los funcionarios con las facturas apócrifas para que el gasto se impute como presupuestario”.
En el marco de otra causa que también denunció Carrió, el fiscal resolvió hoy procesar -en la justicia bonaerense la imputación fiscal se considera un procesamiento- y llamar a prestar declaración indagatoria al ex titular del Programa Soluciones Ya, Eduardo Aparicio para el próximo 4 de abril por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Según la denuncia, Aparicio se encargó de impulsar y constituir de manera irregular al menos diez cooperativas de trabajo a las cuales se les otorgaban subsidios para realizar compras que luego no se concretaban pero se presentaban facturas apócrifas.
Según el fiscal, el perjuicio al fisco rondaría casi los nueve millones de pesos por lo que imputó también a Daniel Roberts, titular de la firma Magaro SA proveedora de las facturas supuestamente apócrifas.
Garganta también procesó y citó a indagatoria a la Directora de proyectos Especiales del ministerio de Infraestructura y a los integrantes del Consejo de Obra Pública acusados de favorecer a dos grupos empresarios “mediante la organización de aparentes concursos de precios para adjudicarles 19 obras públicas consistentes en paradores turísticos y centros de información turística”.
Se trata de la Directora, Gladys Pérez Ferrando y los integrantes del Consejo Gabriel Perez de Vargas, César Marcos, Paula kammeraht, Carolina de Tomasso y Daniel Soncini.
